La macrooperación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y entidades provinciales y autonómicas de Madrid, Murcia, León y Valencia, terminó con 51 detenidos, entre ellos: políticos, empresarios y funcionarios.
Asimismo, también detuvieron a la mano derecha del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, tal y como explicó Hechos de Hoy, a dos alcaldes de Madrid y al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.
Fuentes de proceso informaron de que no se trata de una trama de financiación irregular entre partido, sino de personas que está en política, a la que se le acaba la carrera, y "se corrompe para lucro personal". En la trama, según las mismas fuentes, se investiga el recorrido del dinero que dan las empresas en torno a dos conseguidores, David Marjaliza, muy cercano a Granados, y Alejandro de Pedro Llorca.
Asimismo, entre los detenidos existen seis alcaldes, entre los que se encuentran: los regidores de las localidades madrileñas de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga (PP), y Parla, José María Fraile (PSOE), y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP.
También fueron arrestados los regidores de Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado-Villalba (todos del PP y de la Comunidad de Madrid) y Serranillos del Valle. El alcalde de Collado-Villaba es considerado como uno de los delfines del Partido Popular madrileño. Del mismo modo, la Guardia Civil entró en la sede del Ayuntamiento de Móstoles.
En este sentido, se trata de una trama organizada que utilizaba cotratos e influencias políticas para introducirse en la Administración pública para conseguir irregularmente adjudicaciones de contratos y de servicios públicos. En este sentido, blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado con ayuda de empresas que también les servían para conseguir servicios y contratos.
Según las mismas fuentes, se constata que modifican pliegos de contrato con los políticos y los técnicos municipales. Del mismo modo, varios ediles y funcionarios se encuentran supuestamente implicados en esta trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de los dos últimos años.
El juez Eloy Velasco que llevó a cabo la operación junto a la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Judicial y la Unidad Central Operativa (OCU) investiga los presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y Organización Criminal.
Además de los 51 detenidos, en la Operación Púnica se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.
