El primer pleno extraordinario de este mes de julio ha aprobado por una muy amplia mayoría (258 votos a favor) la toma en consideración de la proposición de ley orgánica como primer paso para encarrilar la reforma que modificará la fórmula de elección de los vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) y que instará a los nuevos miembros a proponer un nuevo sistema en el plazo de seis meses.

— A los votos a favor de PSOE y PP se han sumado los de Coalición Canaria.

— El socio de la coalición de gobierno, Sumar, se ha abstenido.

— Se han abstenido también el PNV y UPN.

— Vox ha votado en contra sumándose a Junts y Podemos.

— ERC, EH Bildu y BNG no han votado.

La valoración de Miguel Tellado

El portavoz del Grupo Popular subraya que el pacto para renovar y reformar el CGPJ frena la deriva populista de Pedro Sánchez, “que aspira a un poder sin límites”, y evidencia que “las medidas de verdadera regeneración democrática en España requieren que el PP sea decisivo”.

Además del PP, indicó que los otros dos límites al populismo “sin contrapoderes” de Sánchez son la Constitución, que “exige amplias mayorías para impedir que las reformas institucionales se hagan desde detrás de un muro”, y la Unión Europea, “gran aliada” de esta ley e institución a la que el PP propuso “como garante de cualquier acuerdo”.

Recalcó que este acuerdo materializa “el cumplimiento” de las medidas que el PP viene defendiendo para garantizar la independencia judicial, y permite avanzar en el Plan de Calidad Institucional presentado en Cádiz en 2023, en el programa electoral de las últimas generales y en las propuestas del discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

“Es un pacto del PP con sus votantes y un balón de oxígeno a la Justicia”, apuntó.

Destacó que la norma, que “refuerza los contrapoderes”, requería “garantías adicionales” para fijar por ley la despolitización de los perfiles y el sistema de elección, para que los candidatos sean independientes y “la colonización de las instituciones” no llegue al CGPJ.

Resaltó que la reforma también endurece las incompatibilidades, de manera que “los jueces que entren en política no podrán dictar sentencias en los dos años posteriores a su vuelta a la Justicia y quedarán vetados para siempre en asuntos en los que se juzgue a partidos o cargos públicos”.

Asimismo, exige mayorías reforzadas en los nombramientos del CGPJ, para acabar “con el rodillo de medio Consejo sobre el otro; la prohibición de nombrar fiscal general a quien haya tenido un cargo político en los últimos cinco años; y “un compromiso explícito de reforzar las plantillas de la Justicia con 1.000 jueces y fiscales en los próximos cinco años.

Anunció que el GPP registrará de manera inminente el resto de su Plan de Calidad Institucional “en forma de iniciativas parlamentarias”, para que el PSOE lo vote y se posicione. “Y si realmente tiene vocación de regeneración democrática, que apoyen nuestras propuestas”, subrayó.