Jordi Sevilla (Partido Socialista, PSOE) y Luis Garicano (Ciudadanos) en la imagen que es histórica de la primera mesa de negociación con el Congreso de los Diputados con el propósito de llegar a un pacto de investidura. Albert Rivera ha querido demostrar así la voluntad política de Ciudadanos para evitar nuevas elecciones generales.
Por el momento "la cosa está muy intensa" como reflejó de forma gráfica José Manuel Villegas, el portavoz del equipo negociador de Ciudadanos. Aseguró que "hay voluntad real y sincera" por parte de Ciudadanos y del Partido Socialista (PSOE) de llegar a un acuerdo. Ciudadanos ya aportó un documento marco de prioridades para la legislatura, El PSOE lo hará este lunes 8.
Nadie oculta los escollos en el camino. Ciudadanos advirtió de lo imposible de acuerdo con formaciones muy diferentes. Y calificó de "rancio" el veto de Podemos a Ciudadanos y la exigencia que planteó Pablo Iglesias a Pedro Sánchez (ver en Hechos de Hoy, Iglesias pide a Sánchez que elija a Podemos y cierre la puerta a Ciudadanos).
Ciudadanos también está convencido -y Albert Rivera ha insistido en ello- de la necesidad de sumar a un acuerdo de legislatura al Partido Popular por la sencilla razón de que tiene la mayoría absoluta en el Senado y mayoría en el Congreso de los Diputados y ha sido votado por siete millones de electores.
En los apuntes políticos sólo se puede subrayar que el Partido Socialista tomó la inicativa política. Que Albert Rivera asume el esfuerzo de girar a derecha (PP) y a izquierda (PSOE) para facilitar diálogos y acuerdos. Y que hay guerra fría sin tregua entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y ambición de Pablo Iglesias de pisar el Consejo de Ministros e imponer su programa radical.
Ciudadanos, en su documento de negociación, ha planteado que la lucha contra la precariedad laboral sea una de las prioridades.
El documento, de cuatro paginas, no menciona la promesa de "contrato único" que llevó Albert Rivera en su programa electoral y que Pedro Sánchez criticó durante la campaña por considerar que equivale al "despido libre".
No obstante, Ciudadanos plantea la "reforma del marco de relaciones laborales para generalizar la contratación estable e indefinida" y la puesta en marcha de un "plan para introducir un complemento salarial para las rentas más bajas". A cambio, pide al PSOE que no se suban los impuestos.
El documento de Ciudadanos
Objetivos de la legislatura
– Un nuevo modelo económico y de crecimiento basado en la innovación, la competencia, el conocimiento, la igualdad de oportunidades y la transparencia.
– Un nuevo pacto social que asegure empleo estable e ingresos dignos, unos servicios públicos universales, sostenibles y de calidad, igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y un verdadero derecho a la vivienda.
– Un sistema político comprometido con la lucha contra la corrupción, transparente, limpio, al servicio y a la altura de los ciudadanos.
– Un marco constitucional actualizado que garantice la igualdad real de todos los españoles en una España unida y en una Europa unida.
Economía
– Incrementar la inversión en I+D , eliminar trabas a la creación y crecimiento empresarial y facilitar la transferencia tecnológica de la universidad a la empresa.
– Introducir un plan integral para facilitar la labor de los emprendedores y autónomos que incluya la eliminación radical de la burocracia a la que se enfrentan, la eliminación de los costes fiscales fijos, facilite su formación y la adopción de nuevas tecnologías.
– Mantener un firme compromiso con la estabilidad presupuestaria.
– Modernizar el sistema fiscal, eliminando distorsiones sin subir los impuestos a los que cumplen.
– Introducir medidas concretas y eficaces contra el fraude fiscal para asegurar que los que no cumplen paguen su parte.
– Reducir el despilfarro de recursos públicos a través de la eliminación de duplicidades administrativas.
– Luchar contra el capitalismo de amiguetes asegurando la independencia, la neutralidad y la profesionalidad de los órganos reguladores, introduciendo más competencia especialmente en sectores oligopolísticos que afectan directamente al ciudadano, como el energético, comunicaciones, y otros sensibles, con el objetivo de que los mercados estén al servicio de los ciudadanos y no al revés.
Políticas sociales
– Lucha contra la precariedad laboral: integración en el mercado de trabajo de los millones de precarios que sobreviven con contratos temporales, reforma del marco de relaciones laborales para generalizar la contratación estable e indefinida y, dentro de las restricciones presupuestarias, puesta en marcha de un plan para introducir un complemento salarial para las rentas más bajas.
– Lucha decidida contra el fraude laboral.
– Elaboración de un plan de choque contra el paro de larga duración.
– Pacto nacional por la educación.
– Garantizar un sistema sanitario público y universal, solidario, equitativo para todos los ciudadanos, sin diferenciales sociales o geográficas, y sostenible económicamente sin copagos, que asegure el acceso a una asistencia de calidad, segura y eficiente a todas las personas con independencia de su lugar de residencia.
– Garantizar la suficiencia del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.
– Igualación del permiso por paternidad al de maternidad, aumentando la duración de las prestaciones.
– Pacto nacional contra la violencia de género, que incluya un aumento de los recursos para la Administración de Justicia, mejoras en la coordinación de los cuerpos de seguridad y refuerzo en las medidas cautelares.
– Aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad, que garantice la inembargabilidad de la vivienda habitual, un plan de rescate de las familias para la restructuración de la deuda hipotecaria y el refuerzo de garantías en caso de desahucio.
Lucha contra la corrupción
– Compromiso previo de limpieza de imputados en listas y cargos.
– Fin de los privilegios para los representantes políticos: supresión de aforamientos, supresión de los suplicatorios salvo los relacionados con la actividad política del parlamentario, régimen riguroso y transparente de incompatibilidades con sanciones que aseguren su cumplimiento, prohibición de los indultos para los delitos relacionados con la corrupción política.
– Reforma de la ley de Partidos para incrementar la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas.
– Despolitizar la justicia y los órganos de gobierno de la judicatura.
– Dotar a la justicia de medios en particular de medios electrónicos y digitales, asegurando la coordinación entre los sistemas de las diferentes autonómicas.
– Refuerzo de los mecanismos de control interno de las Administraciones Públicas, establecimiento de canales éticos y mecanismos de protección para los servidores públicos vinculados a la lucha contra la corrupción y las prácticas irregulares en el ámbito de la Administración Pública, sus instituciones, organismos autónomos y demás sociedades y entidades vinculadas.
– Una ley electoral justa y proporcional que garantice la igualdad de voto de todos los españoles, la rendición de cuentas y cercanía entre electores y elegidos.
Europa
– Recuperar el protagonismo internacional de España en particular en el contexto de la Unión Europea y en las relaciones con los países Iberoamericanos.
– Cumplimiento de los compromisos europeos en el marco de una relación de colaboración justa y cooperativa en beneficio de todas las partes.
– Reconocimiento constitucional de la pertenencia de España a la Unión Europea.
– Introducción en la constitución de un procedimiento especial para la transferencia de soberanía a la Unión Europea.
Reforma institucional y constitucional
– Fijar en la Constitución el mapa autonómico, clarificar las competencias, suprimir el Senado y sustituirlo por un Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas.
– Reformar el régimen local para suprimir las Diputaciones Provinciales y fusionar municipios.
– Acabar con la partitocracia y reformar la ley de partidos para vigorizar su democracia interna.
– Modificar los aspectos del sistema electoral que propician un proceso democrático que distorsiona la representación política.
– Garantizar la independencia de los órganos que controlan al legislativo y al ejecutivo, tanto los jurisdiccionales como los reguladores.