La Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena de cinco años y dos meses de cárcel para Oriol Pujol por el caso ITV. Se puede convertir así en el primer miembro de la familia del ex presidente de la Generalitat que pise la cárcel. Asimismo, le reclama una multa superior a los 250.000 euros para el exdiputado de CiU y exsecretario general de Convergència por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
Anticorrupción considera que Pujol presuntamente cobró comisiones a cambio de usar su influencia política para permitir negocios de empresarios, algunos afines a él por su amistad como Sergi Alsina. Asimismo, consideran que usó a su esposa, Anna Vidal, para recibir los supuestos pagos, ya que piensa que le fueron abonados unos 700.000 euros a varias sociedades a su nombre a cambio de trabajos que podrían ser inexistentes.
Para Vidal, la Fiscalía reclama tres años y cuatro meses de prisión mientras que para Alsina la petición de pena es de seis años de cárcel.
También se reclama un año de prisión para Josep Tous, ex número dos de la Diputación de Barcelona y responsable de la sectorial de Industria de CDC, y para los empresarios Sergi Pastor y Ricard Puignou acusados de intentar usar las influencias de Pujol como presidente del grupo parlamentario de CiU para crear un mapa de estaciones de ITV en Cataluña en su propio beneficio, mediante la sociedad Upprime, ya que de este documento dependerían las adjudicaciones.
Asimismo dictaminan que las facturas emitidas por las sociedades de Sergi Alsina "no se corresponden a ninguna actividad económica real, al no existir ninguna prestación de servicios efectiva". Los ingresos percibidos por estas empresas por las firmas de Anna Vidal entre el 2007 y el 2012 ascienden a 569.188 euros.
Se sostiene, por tanto, "la intervención" del que fuera diputado y portavoz de CiU en el Parlament resultó "decisiva", "gracias a los cargos políticos que ostentaba", en las negociaciones para la venta de la planta industrial de la empresa Sharp en Sant Cugat del Vallés, en la reconversión industrial de las fábricas de las multinacionales Yamaha, en Montornés, y Sony, en Viladecavalls.
