¿Qué haría cualquiera si invierte los ahorros de su vida en una casa y esta se cae a pedazos? ¿Y si fuera obligado a asumir gastos que no le corresponden por trabajar? Ambas realidades serán materia de análisis del nuevo reportaje de ‘En el punto de mira’, que Cuatro emitirá este martes en prime time. 

Vivir con miedo a que tu casa se derrumbe

Frente a la Bahía de la Herradura, en Almuñécar, de una urbanización de 415 viviendas, 42 han sido declaradas en ruinas. Algunos propietarios pagaron por ellas 800.000 euros y muchos de ellos continúan pagando la hipoteca. Ahora no valen nada. El lugar, en el que nunca se debió construir por peligro de deslizamientos, parece una zona de guerra: carreteras destruidas y casas sin paredes.

El parlamento andaluz ha declarado la urbanización zona de emergencia, pero las casas tienen los permisos en regla. La reportera María Miñana investigará qué pudo suceder hablando con expertos y pidiendo explicaciones a la constructora y a las administraciones que permitieron la construcción.

Por su parte, Pablo de Miguel viaja hasta Albatera, en Alicante, para investigar un edificio apuntalado que corre el riesgo de derrumbarse.  La causa podría ser una fuga de agua en la red de abastecimiento. Una vez más, nadie se hace responsable, pero el equipo del programa buscará respuestas en la empresa concesionaria del abastecimiento de agua y en el ayuntamiento.
 
Falsos autónomos

España tiene una tasa de paro del 16,7% y es uno de los países de la Unión Europea que menos empleos ofrece. La escasez de puestos de trabajo provoca situaciones que entran de lleno en la picaresca. Los reporteros María Miñana y Juan Carlos se adentran en una práctica cada vez más habitual: tener falsos autónomos en vez de personas contratadas para ahorrarse dinero y, sobre todo, eludir las indemnizaciones y el pago de todo tipo de derechos en caso de enfermedad o despido.

Uno de los últimos casos es el de los repartidores de comida a domicilio, empresas que pueden tener un volumen de negocio de 1.000 millones de euros anuales. Sus trabajadores están obligados a darse de alta antes de empezar a trabajar, pagar el IVA, los seguros sociales y su medio de transporte, pero ¿hasta qué punto es legal?

El espacio hablará con repartidores, empresas implicadas y con el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Otras empresas de transporte y comunicación también mantienen estas prácticas; de hecho, según el Ministerio de Trabajo, unas 100.000 personas podrían estar en esta situación.