Escenario político cada vez más complejo, tenso y erizado de dificultades en torno a Artur Mas (ver en Hechos de Hoy, La urgencia del diálogo en tiempo de exigencias de liderazgo en Cataluña).

El president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, fue imputado por la convocatoria de la consulta soberanista del 9-N de 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó a declarar como imputados a Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre.

La Sala Penal del TSJC ha citado a Artur Mas el jueves 15 de octubre y dos días antes, el martes 13 de octubre, a Joana Ortega e Irene Rigau.

La Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre la querella contra Artur Mas por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. El fiscal jefe catalán presentó la denuncia por orden del entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pese a su negativa (junto a los otros ocho fiscales que componen la junta en Cataluña) a acusar al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Las condenas para los cuatro delitos conllevan penas de inhabilitación:

– El delito de desobediencia, una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

– La obstrucción a la justicia o usurpación de funciones, penas de prisión de seis meses a un año, multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

– La prevaricación administrativa, la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

– La malversación, multa es de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años.