Mercedes Alaya, la magistrada que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, decidió imputar en la causa a otras 34 personas, con lo que el número de implicados asciende a 265. Asimismo, citó para el próximo 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado a fin de que ratifiquen el informe que realizaron sobre las irregularidades.
En un nuevo auto la magistrada Mercedes Alaya imputa a estas 34 personas tras recibir, entre otros, un nuevo atestado sobre ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Las imputaciones se producen después de que el juzgado instructor de la causa analizara el atestado específico elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las ayudas otorgadas a empresas y entidades de esta comarca sevillana, una de las más beneficiadas por las ayudas otorgadas con cargo al fondo de reptiles.
Según los investigadores, las empresas de esta comarca recibieron 56,4 millones de euros en subvenciones públicas directas. Entre los nuevos imputados por la instructora se encuentran Carmelo Montero y José Antonio Méndez, ex alcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara, respectivamente. También aparece el ex secretario de Organización del PSOE de Las Navas de la Concepción Luis García.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó informar favorablemente de la petición de la juez Mercedes Alaya para que se prorrogue el plazo de la toma de posesión de su plaza de magistrada en la Audiencia Provincial de Sevilla, una prórroga que se extendería temporalmente, al menos, hasta la toma de posesión del nuevo magistrado que se incorpore al Juzgado de Instrucción número 6, y que tiene por objeto "evitar paralizaciones en las denominadas ´macrocausas´" que instruye.
De esta manera, y según el comunicado, la Sala de Gobierno tomó conocimiento del escrito presentado por la juez en el que solicita, de conformidad con el artículo 319.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la "prórroga en la toma de posesión en el nuevo destino para evitar que dicho futuro traslado pueda paralizar las causas de especial complejidad que instruye".
La prórroga "habría de extenderse temporalmente, al menos, hasta la toma de posesión del nuevo magistrado" que se incorpore a dicho Juzgado de Instrucción con motivo del subsiguiente concurso por vacante. La Sala de Gobierno considera que "se procura atender mejor las específicas necesidades del servicio y evitar paralizaciones en las denominadas macrocausas, ya que durante dicha prórroga posesoria, la actual titular puede avanzar y agilizar al máximo los procedimientos de mayor antigüedad".
De este modo, la juez cita en su escrito la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, las dos causas de Mercasevilla, "una de ellas bastante avanzada", y el caso Betis, ya casi terminado en virtud de auto de conclusión de sumario y en "cuya labor continuará colaborando el magistrado de refuerzo existente en el Juzgado conforme al plan de actuación acordado".
Cabe recordar que la magistrada se reunió la pasada semana en Sevilla con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, y le transmitió su petición para que se prorrogue el plazo previsto para su toma de posesión, aunque sin especificar un periodo temporal concreto para dicha prórroga.
