El Tribunal Supremo ha devuelto este jueves la decisión sobre la suspensión de los diputados en prisión preventiva al Congreso y ha insistido en la comunicación que ya le remitió el pasado viernes en la que le informaba sobre la situación de los parlamentarios.
De esta forma ha contestado la Sala al escrito que el miércoles le envió la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el que le trasladaba la responsabilidad de decidir.
El Tribunal no le remitirá ningún informe sobre la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) porque es "inviable". Manuel Marchena deja en evidencia a Meritxell Batet, profesora de Derecho Constitucional, al recordarle que no es función del Tribunal Supremo elaborar informes y que la decisión de suspender a los procesados por delito de rebelión debe aplicarla el Parlamento, según la ley.
