Atención a una gran tormenta política que sacude en los hechos de hoy al PSOE donde ha calado el llamamiento de Felipe González a la defensa de la Constitución y al rechazo total a la Ley de Amnistía, la compra de siete votos de Pedro Sánche a Carles Puigdemont para seguir en La Moncloa.
Profunda indignación, como constató Hechos de Hoy, en el Poder Judicial.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó este viernes 19, por unanimidad una declaración institucional en respuesta al señalamiento de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del mismo, Teresa Ribera.
La vicepresidenta tercera señaló al juez “con ocasión de una resolución jurisdiccional dictada por el magistrado Manuel García Castellón en la causa abierta en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo contra algunos integrantes de Tsunami Democràtic“.
La Comisión Permanente apuntó que dichas manifestaciones, “en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”.
“Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.
La Comisión Permanente entiende, y así lo ha hecho constar en su comunicado, que el pronunciamiento de la vicepresidenta tercera es contrario “al principio de lealtad institucional, al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia, porque sólo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de derecho”.
“Como el Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho a lo largo del presente mandato con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales, esta Comisión Permanente apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial”.
