El juez ordenó este jueves por la noche la detención por fraude y blanqueo de capitales del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que salió hacia las 20.15 horas de su domicilio acompañado por agentes de Aduanas, con quienes se introdujo en un vehículo policial que se encontraba frente al portal número 33 de la calle Don Ramón de la Cruz del madrileño barrio de Salamanca. Desde allí, fue llevado a su despacho, muy cercano a su vivienda, para continuar con los registros.
Aunque inicialmente la Fiscalía de Madrid, instancia que ordenó el registro del domicilio de Rato, no pidió su detención, posteriormente si demandó esta medida, que fue ratificada por el titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.
Rato también está imputado por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, el caso de los gastos millonarios con las tarjetas "black" y la justicia ha puesto la lupa sobre el pago de más de seis millones que le hizo el banco de inversión Lazard.
Agentes del servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria registraron desde primera hora de la tarde la vivienda del exvicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar. Los agentes, con placas de la Agencia Tributaria y chalecos azules con letras impresas blancas a la espalda con la inscripción "Agencia Tributaria Aduanas", entraban y salían del portal frente al que se hallaban gran número de medios de comunicación. A media tarde, el Cuerpo Nacional de Policía desplazó a una quincena de agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policía (UIP) hasta el domicilio donde también se concentraban vecinos y curiosos.
Las actuaciones de la Agencia Tributaria se producen días después de que se conocieran informaciones que apuntan que el exvicepresidente económico se acogió a la amnistía fiscal y es uno de los 705 contribuyentes que conforman una lista enviada por la Agencia Tributaria al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) que se beneficiaron de la misma y sobre los que se han observado posibles indicios de blanqueo de capitales.
La medida, aprobada por el Gobierno el 30 de marzo de 2012 y a la que podían acogerse los contribuyentes hasta el 30 de noviembre de ese año, establecía un gravamen especial del 10% para impulsar la declaración de las rentas no declaradas.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este jueves que la lucha contra el fraude fiscal está "por encima de amigos" y "compañeros", y que el personal de la Agencia Tributaria tiene que investigar "sin que les tenga que preocupar lo más mínimo el nombre o los apellidos de los posibles defraudadores".
"Muchas personas se escandalizan y atacan al Gobierno cuando, en los medios de comunicación, aparecen informaciones sobre las actuaciones que realiza la Agencia Tributaria en las que incluso aparecen nombres de personas de relevancia social", afirmó el ministro.
