Capitulación y rendición de Pedro Sáchez en La Moncloa ante Carles Puigdemont, el expresidente prófugo, en traición al Rey y la Constitución de 1978. Sánchez dinamitó la Transiición por su ambición desmedida -en puro estilo chavista- de convertir La Moncloa en su búnker personal tras perder las elecciones municipales, autonómicas y generales. Despreció el llamamiento de Felipe González a dar un paso al costado para permitir nuevas elecciones y una votación de todos los españoles sobre la Ley de Amnistía.
Una gran agitación en los mercados y alarma en la Unión Europea y Estados Unidos ante el golpe de Pedro Sánchez a la democracia. Gran inquietud de la Comisión Europea a la forma en la que Pedro Sánchez ha liquidado la igualdad entre los españoles y ha dinamitado el Estado de Derecho en la aciaga jornada del del jueves 9 como informó Hechos de Hoy.
Extrema preocupación en el Poder Judicial
Las cuatro asociaciones judiciales han mostrado esu rechazo al “lawfare” o judicialización de la política que incluye el pacto firmado entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, pues podría suponer la “intromisión en la independencia judicial” y la “quiebra de la separación de poderes”.
En un comunicado conjunto, las asociaciones reprochan la “desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial” que, en su opinión, se desprende de la referencia a una Ley de Amnistía que incluirá a personas implicadas en casos de “lawfare”, es decir, del uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política.
Las asociaciones judiciales remarcan la independencia del Poder Judicial en España y aseguran que este “no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”.
Por ello, consideran que las expresiones que reflejan dicha “desconfianza” en la justicia “no son aceptables”.
Los jueces se oponen a un pacto que contiene “explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política”, que podrían dar lugar a “acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
“Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”, argumentan la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha señalado que el acuerdo entre ambas formaciones “es muy grave” y supone implícitamente “un cambio de modelo constitucional” porque se busca el reconocimiento de las aspiraciones independentistas a través de una negociación aceptando incluso la figura de un mediador.
Para Viada, el texto “es un golpe de gracia al sistema constitucional español” y la ley de amnistía que saldrá adelante, “una consecuencia lógica del concepto de cambio de régimen político que quieren PSOE y Junts“.
Ha destacado asimismo que la mención de las comisiones de investigación que arrancarán en el Congreso para analizar responsabilidades en posibles casos de ‘lawfare’ es “lesiva para el Estado de Derecho” pero a la vez “consecuente” con la idea de que existió “una ilegitimidad por parte del Estado para perseguir” determinados delitos: “Pero es que los jueces y fiscales actuaron como tenían que actuar”.
Por último, ha indicado que, si la Justicia en España está politizada, “es por culpa entre otros de PSOE y de Junts“, y ha señalado que el partido de Carles Puigdemont “no ha propuesto en la vida un cambio de paradigma para elegir al fiscal general del Estado o a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. “La politización existe, pero extraer de ello la ilegitimidad de las condenas del ‘procés’ es un exceso y una hipocresía que no debe aceptarse”, ha concluido.
