Reunión de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal con la Asociación de Víctimas del Yak-42 para valorar la situación tras el dictamen del Consejo de Estado.

La ministra de Defensa había ofrecido a la asociación reunirse para valorar el dictamen que responsabiliza al Ministerio -entonces dirigido por Federico Trillo–  del accidente en el que murieron 62 militares cuando volvían de una misión en Afganistán.

La asociación ha agradecido la invitación de la ministra y ha valorado su actitud, "en contraste" con la del exministro de Defensa, Pedro Morenés. Durante los cinco años que estuvo al frente del Ministerio ejerció un "silencio administrativo" en relación con las reclamaciones de las familias de las víctimas del accidente.

Los representantes de la asociación quieren que la ministra asuma en su totalidad el contenido del dictamen del Consejo de Estado, admita las "irregularidades" que rodearon a la contratación del Yak-42 y les muestre los originales del contrato de la compra de la aeronave.

La Asociación dispone de una copia de ese contrato en el que el importe de la compra aparece "tachado" y denuncia que "no puede ser que en pleno siglo XXI los originales de un contrato no existan o hayan desaparecido".

El dictamen del Consejo de Estado

El Consejo de Estado responsabilizó por primera vez al Ministerio de Defensa del accidente del Yak-42. Este accidente se produjo en Turquía el 26 de mayo de 2003 y en él murieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev.

El dictamen reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y el ministerio de Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.

El dictamen se refirió a la existencia de "hechos" anteriores al siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el "especial riesgo" que concurría en el transporte contratado para el traslado de las tropas.

"Dicho con otras palabras -señaló el documento-, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría".

El dictamen ha admitido, como lo hizo la Audiencia Nacional al archivar definitivamente el procedimiento penal abierto contra seis mandos militares por un delito de imprudencia con resultado de muerte, que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como la que vivieron.

Sin embargo, frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro fue exclusivamente de la empresa contratada para la realización del vuelo, Namsa, el Consejo de Estado entiende que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, y más en actividades de riesgo.

No hay que buscar maniobras extrañas. El dictamen del Consejo de Estado, adelantado por el diario El País, quiso de una vez por todas arrojar luz. 

El exministro Federico Trillo nunca asumió la responsabilidad política en la decisión de alquilar un avión en condiciones deplorables para repatriar a 62 militares españoles que habían servido en Afganistán. El exministro tampoco renunció después a su escaño.

Siempre aseguró que no existían informes previos que pusieran en duda la seguridad de los aparatos alquilados para el transporte de tropas. El Consejo de Estado ha afirmado en cambio que los informes existieron responsabilizando de la catástrofe del accidente al ministerio de Defensa.

El informe secreto del Ejército advertía de los elevados riesgos que se estaban corriendo “al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS”, cuyo mantenimiento “es como mínimo muy dudoso”.

Hoy se conoce el agotamiento de la tripulación encargada del vuelo, que llevaba 24 horas de actividad cuando ocurrió la tragedia; de que una de las cajas negras del Yak-42 estaba averiada desde hacía mes y medio; de los sobrecostes provocados por la cadena de intermediarios; y del falseamiento de las identidades de 30 de los 62 militares españoles fallecidos, perpetrado por tres mandos que resultaron condenados judicialmente por ello.

Si el Gobierno quería mantener en Londres a Federico Trillo, paso en salso. Si Federico Trillo pensabaa continuar su carrera política como presidente del Consejo de Estado, el informe simplemente le desnudó.

Sin duda, María Dolores de Cospedal llegó a la oportunidad de cerrar heridas y pedir perdón a los familiares de los 62 militares fallecidos. A los14 años después de la espantosa tragedia que conmovió a España, es la oportunidad del honor y de la memopria.
 

– Ver también, El dardo de José María Aznar a Mariano Rajoy al cuestionar sus políticas (Hechos de Hoy)