Operación delicada en el Tribunal Supremo para fijar un consenso. Varias cuestiones importantes en la Sala de Lo Contencioso:
– El debate de la retroactividad.
– La posibilidad de abrir en canal la cuestión del impuesto hipotecario con la hipótesis de comenzar el debate desde cero.
– Debatir en profundidad si el pago de los impuestos correspondientes a los actos jurídicos documentados corresponde a las entidades financieras o a los prestatarios.
– Preocupa la sensación de que ha habido fuertes presiones de la banca y de que están han prosperado.
El debate se prevé intenso. Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo deben fijar doctrina sobre quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados (impuesto sobre hipotecas). Estudian si revocan o mantienen el fallo de las sentencias de una sección de esta Sala que acordaron que sean los bancos los que asuman el tributo.
El debate que se reabre llega al pleno de la mano de tres nuevos casos muy parecidos a los resueltos en las sentencias que variaron la doctrina del Tribunal Supremo.
Son tres recursos planteados por la misma parte -la empresa municipal de Rivas-Vaciamadrid (Madrid)- que recurrió y obtuvo las sentencias firmes que modificaron la jurisprudencia hasta ahora existente, que situaba el sujeto pasivo del tributo en los clientes.
Los ponentes de los recursos que se llevan al Pleno son el presidente de la Sección especializada en tributos que dictó las polémicas sentencias, Nicolás Maurandi (de dos de ellos) y Francisco José Navarro Sanchís.
Es evidente que hay división en el Tribunal Supremo por la retroactividad del impuesto de las hipotecas. Y que existen pocas posibilidades de un acuerdo rápido de los 31 magistrados. Quién debe pagar, la retroactividad de la sentencia y a quién reclamar, son tres cuestiones cruciales a las que tiene que responder el Tribunal Supremo.
