La Corte Penal Internacional (CPI) decidió profundizar en la investigación contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Está acusado de violaciones a los derechos humanos por la violencia ejercida contra la oposición y la sociedad civil.

El Palacio de Miraflores ya ha sido notificado de la decisión de la CPI, cuyo fiscal jefe es Karim Khan. El fiscal jefe de la CPI había anunciado la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas el pasado 3 de noviembre, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento con el Gobierno, que firmó conjuntamente con Nicolás Maduro.

La CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.

La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.

Víctimas y activistas ven “una puerta a la justicia” en investigación de la CPI en Venezuela. “Tenemos que seguir levantando la voz”, reaccionaron los padres de Juan Pablo Pernalete, manifestante que murió durante las protestas antigubernamentales de 2017 en Venezuela, ante la apertura de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles crímenes de lesa humanidad en el país.

José Gregorio y Elvira, los padres de Juan Pablo, fallecido a los 20 años al ser impactado en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por un militar, creen que la investigación “abre una puerta a la justicia”.

Sin duda el proceso para establecer responsabilidades será largo. El documento suscrito por Khan y Maduro, de hecho, aclara que “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”. Venezuela vive su “peor” momento en materia de derechos humanos en 30 años