El Consejo de Ministros decidió este viernes a propuesta del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, denegar los indultos solicitados por el exministro del PP y expresidente balear Jaume Matas, que deberá ingresar en prisión para cumplir nueve meses de cárcel al igual que el exjuez Baltasar Garzón, que no podrá volver a la carrera judicial.
Gallardón también negó el indulto al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Miguel Ángel Carromero, condenado en Cuba por un accidente en el que murieron dos de los ocupantes del coche que conducía; y al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, condenado actualmente por corrupción.
“Todos los indultos se han denegado en bloque” según informaron fuentes del Gobierno aunque resaltaron que unos llevaban pendiente más tiempo que otros. Si se lleva a cabo el ingreso en prisión, Jaume Matas se convertiría en el primer exministro del Partido Popular que entraría en la cárcel.
Hay que recordar que aunque la pena que le impuso el Supremo a Jaume Matas es relativamente baja, nueve meses de cárcel, la Audiencia Provincial de Mallorca que fue quien le condenó, elaboró un autor de casi treinta folios donde explicaba las razones por las que el exministro debería estar en prisión.
La Audiencia explicó que el no ingreso en prisión para penados con menos de dos años de cárcel no es automático, sino una potestad de los tribunales, y que en este caso se valoró la "peligrosidad" de los delitos cometidos por Matas y su conducta posterior. "Estamos ante un delito cometido dentro de las estructuras de poder que las sociedades civilizadas y democráticas tratan de combatir. El peligro de este tipo de acciones es innegable", confirmaron.
Junto a ello, los procesos judiciales que sigue teniendo por corrupción y su no arrepentimiento llevaron a la decisión de que debía entrar en la cárcel para cumplir los nueve meses de condena. La decisión se paralizó tras la solicitud de indulto del expresidente balear, decisión que ya se ha denegado.
Mas y Rajoy, cara a cara
"El presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat de Cataluña han hablado esta mañana". Así lo comentó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, durante el Consejo de Ministros, asegurando que la conversación teléfonica mantenida fue “cordial” lo que llevó a “trabajar para fijar una cita”.
Santamaría no quiso precisar ni de quién ha partido la iniciativa de la llamada telefónica ni la duración de la conversación: "Ha sido suficiente; lo importante es que han hablado", subrayó antes de comentar que al menos tienen la intención de “reunirse”. "No se puede concretar todavía la fecha", comentó.
La vicepresidenta ha insistido que Rajoy no puede negociar sobre la convocatoria de la consulta catalana, prevista para el 9 de noviembre. "Los equipos de La Moncloa y de la presidencia de la Generalitat estudiarán las agendas", comentó y añadió que durante la conversación no se acordaron los temas a tratar.
“No se han acordado los términos, pero el presidente mantendrá su posición que es el no al referéndum de autodeterminación, porque lo dicen el Congreso y el Tribunal Constitucional. Sobre eso no puede disponer el presidente del Gobierno", explicó.
Ley de Seguridad Ciudadana
Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria y que, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, es "profundamente garantista". De esta manera, se presentó un texto "con mayor calidad jurídica, profundamente garantista y con perfecto encaje en nuestro sistema constitucional".
En la rueda de prensa posterior, la vicepresidenta del Gobierno, destacó la incorporación de las sugerencias de los órganos consultados y subrayó que el texto está en consonancia con la reforma del Código Penal, de tal manera que algunos delitos y faltas han pasado a tener una sanción menor de naturaleza administrativa.
