El Pleno del Senado aprobó este jueves definitivamente tras los votos del Partido Popular y el apoyo de UPN y Foro, la reforma legal para incluir entre los aforados que solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo al Rey Juan Carlos y a la Reina Sofía, además de la Reina Letizia y la Princesa de Asturias.
Un total de 150 votos a favor, 14 abstenciones y 10 votos en contra es el resultado de la votación en el Senado del aforamiento ante el Tribunal Supremo, único órgano judicial ante el que los miembros de la Familia Real tendrán que responder desde ahora por cualquier aspecto o demanda civil o penal.
La votación del Senado, que terminó con un debate en un pleno casi vacío y sin un solo miembro del Gobierno, puso fin a un procedimiento legislativo exprés iniciado 21 días antes en el Congreso de los Diputados, justo durante la jornada posterior a la proclamación de Felipe VI como nuevo Rey de España.
El resultado para otorgar el beneficio jurídico salió del resultado de los únicos votos del PP, a los que se sumaron los cuatro senadores de Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias, con la abstención del PSOE y CiU, y con el voto en contra de IU, Esquerra, PNV, Bildu y Coalición Canaria.
Los socialistas aseguraron que la falta de apoyo por su parte está basada en que consideran que el Gobierno y el PP utilizaron un •procedimiento legislativo tramposo, con enmiendas de urgencia a una ley ajena y ya en trámite creada para alterar las libranzas y jubilaciones del personal de Justicia, lo que, en su opinión, ha evitado una debate sereno sobre el aforamiento real, con el que en principio no están en desacuerdo”.
os aforamientos fueron respaldados definitivamente por una mayoría del 61% de la cámara alta, amplia pero muy inferior al 90% de consenso que logró en junio para aprobar la ley que permitió la abdicación del jefe del Estado, del que se han caído el PSOE y UPyD.
Don Juan Carlos, doña Sofía, la Reina y la Princesa de Asturias gozarán desde el próximo sábado, el día siguiente a que la ley se publique en el BOE, de un aforamiento excepcional, muy superior al del presidente del Gobierno y de algunos diputados y senadores.
En este caso, cualquier demanda contra ello, no sólo por un delito sino también por cualquier otro aspecto de sus vidas privadas tales como las relacionadas con la paternidad, derecho de familia, herencias o acuerdos y negocios particulares, solo podrá ser presentada ante el Supremo.
