El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha citado este viernes a los embajadores de España e Italia a los que pedirá "colaboración" para intentar hallar una solución al conflicto surgido con el consorcio adjudicatario de las obras de ampliación del Canal de Panamá, liderado por la española Sacyr.
Un portavoz de la Presidencia panameña afirmó que la cita es consecuencia del anuncio realizado el jueves por Martinelli, de su intención de viajar a España e Italia "para exigir a sus gobiernos" que se cumplan el contrato de las obras de ampliación del Canal de Panamá, después de que el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) anunciara su suspensión por los sobrecostes generados. Martinelli considera que "hay una responsabilidad moral del gobierno italiano y del español" porque las empresas que forman parte del GUPC son de estos países.
En España, tanto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores como desde el de Fomento se está trabajando a través de contactos con sus respectivos homólogos en Panamá y con la empresa Sacyr para llegar a un acuerdo que ponga fin a este "desequilibrio comercial", según fuentes diplomáticas. Asimismo, el embajador de España en Panamá, Jesús Silva, sigue el tema desde el principio coordinando posturas para ayudar a conseguir una solución satisfactoria "para ambas partes", según las mismas fuentes.
El Gobierno de Mariano Rajoy considera a Panamá un país amigo y cercano a España, han indicado las mismas fuentes, y por todo ello ha reafirmado su "deseo" e "interés" para que se encuentre una solución sobre este tema "a la brevedad posible".
Por su parte, el director de comunicación y portavoz de Sacyr, Pedro Alonso, denunció este viernes que la obra del Canal de Panamá se ha quedado sin liquidez porque el Gobierno de ese país centroamericano "no atiende ninguna reclamación de costes imprevistos". Así se expresó Alonso en una entrevista en Onda Cero, en la que defendió que la oferta del consorcio que lidera Sacyr no suponía "una baja temeraria" ya que era un 5% más baja que la del otro grupo empresarial.
La constructora española acaba de suspender esos trabajos al producirse sobrecostes por cerca de 1.200 millones de euros, lo que supone un 50% de desvío con respecto al presupuesto inicial. Según Alonso, "durante más de cuatro años se han complicado las obras por el tema geológico y han surgido muchos imprevistos que no estaban contenidos en el proyecto".
"Ha habido muchos costes extraordinarios por causas imprevistas. La obra está realizada en casi el 70% y ya se ve el final. Lo que hace falta que el cliente aporte liquidez suficiente", añadió. Por ello, defendió que la reclamación de Sacyr "está justificada y debe asumirla en todo o en parte" el Gobierno panameño.
"Lo que no podemos es asumir una parte de responsabilidad que creemos no nos corresponde. Hay posibilidades de encontrar vías de acuerdo. Hay que encontrar soluciones de consenso que permitan que la obra siga avanzando"", concluyó Alonso.
