El acceso a la cultura, la participación en los procesos de creación y la oportunidad de orientar las políticas públicas en material cultural no son un capricho pasajero inventado en el siglo xxi: desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada el 1948, los principales documentos del derecho internacional sobre derechos humanos han hecho referencia a la cultura. Son parte fundamental de lo que denominamos el conjunto de derechos culturales, un buen puñado de códigos que aseguran el desarrollo humano en materia de cultura. Pero ¿qué son los derechos culturales y por qué son capitales en nuestro día a día?

“Básicamente, cuando hablamos de derechos culturales hablamos de garantizar que todas las personas tengan, de entrada, los recursos y las oportunidades y que realmente ejerzan la posibilidad de contribuir a la cultura”, resume Nicolás Barbieri, investigador y profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En sus investigaciones, Barbieri identifica cuatro ejes clave en el derecho a participar en la vida cultural. El primero hace referencia al acceso y el consumo cultural –conocer lo que otras personas y grupos ofrecen culturalmente–, mientras que el segundo versa sobre la práctica –poder participar en la cultura en todas sus dimensiones, generar y aportar–.

La tercera clave es poder compartir: “Si son efectivos, los derechos culturales tienen que permitirnos no solo vivir individualmente la cultura, sino hacerlo colectivamente: la posibilidad de formar parte de una entidad cultural, poder juntarte con personas que comparten algún interés y, en general, intercambiar comunitariamente experiencias culturales”, apunta el profesor. En último lugar, el cuarto eje debe garantizar el derecho de la ciudadanía a participar de las decisiones que orientan las políticas y la acción culturales, además de los recursos públicos orientados a esta materia. ¿Qué pasará los fines de semana con la biblioteca que tengo cerca de casa? ¿Qué servicios ofrecerá el teatro de mi territorio? ¿Qué tipo de formación se desarrollará en una escuela de música? Son algunas preguntas de las cuales la ciudadanía tiene derecho a ser partícipe.

Combatir la desigualdad

Las políticas culturales, las que aseguran estos derechos, deben contribuir de una manera esencial en la lucha contra la desigualdad y en la ampliación de los derechos y de las oportunidades de la ciudadanía. Los datos muestran que estamos lejos de este ideal: la última Encuesta de consumo cultural por renta familiar pone de manifiesto que el acceso a la cultura en Cataluña está muy marcado por las posibilidades socioeconómicas, y es quesolo un 9,6 % de los catalanes y catalanas con el tramo de renta más bajo pueden disfrutar de la cultura y acceder a las actividades culturales.

“Las desigualdades no se dan por un solo motivo –económico o de género, por ejemplo–, sino que son interseccionales y hay varias problemáticas asociadas a estos desequilibrios”, explica Barbieri. Por lo tanto, las políticas o las formas de abordarlas tampoco son sencillas. “No pasan simplemente por ofrecer el acceso gratuito a los museos y equipamientos públicos, por ejemplo, sino que primero hay que entender bien cuáles son las necesidades de las personas y de los diferentes grupos sociales, que son muy diversas, para poder actuar”, aclara el profesor.

Además, matiza, es fundamental el reconocimiento de que existen diferentes necesidades para poder llevar a cabo la vida cultural: “No es que las personas no quieran ejercer los derechos culturales o no estén capacitadas para ejercerlos, sino que las desigualdades son, en muchas ocasiones, resultado de la dificultad de las instituciones para interpelar a las personas en su propia vida cultural.”

En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona –pionero en la elaboración de un plan de derechos culturales en la ciudad– ha llevado a cabo durante el último año una nueva encuesta de participación y necesidades culturales de Barcelona –después de una primera encuesta publicada en 2020–, los resultados de la cual se darán a conocer pronto. “La encuesta señala que el código postal es clave para entender las desigualdades en el ejercicio de los derechos culturales, pero también que en Barcelona las personas viven su vida cultural de manera muy diversa”, avanza Barbieri, que ha participado en el proyecto.

La Generalitat también abrió, a finales de 2022, un proceso participativo para que la ciudadanía pudiera hacer aportaciones de cara a la elaboración de la Ley de Derechos Culturales de Cataluña, que está previsto que se desarrolle en los próximos meses. Son los primeros pasos para involucrar a la ciudadanía en el diagnóstico y la toma de decisiones.

Poner a la ciudadanía en el centro

Ciudadanía, desarrollo y sostenibilidad son tres conceptos clave para entender de qué hablamos cuando nos referimos a derechos culturales. En este contexto, la Cátedra Pau Casals de Música y Defensa de la Paz y de los Derechos Humanos, un proyecto en convenio entre la Fundación Pau Casals y la UOC, organiza el taller Educar en derechos culturales, que tendrá lugar el 22 de mayo en el Museo Pau Casals (el Vendrell) en el marco del Día Internacional de los Museos. Esta actividad es una formación en formato taller sobre educación en derechos culturales dirigida a profesionales de la gestión cultural, personal técnico de educación y cultura de servicios municipales, profesionales de la museología y el patrimonio y profesionales de la educación. La asistencia al taller es gratuita, pero se requiere inscripción. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de mayo a las 15 h.

El taller está orientado a profesionales del entorno de las políticas públicas y “apunta a detectar la responsabilidad profesional en relación con la ciudadanía, para poner a las personas y sus derechos en el centro de la intervención profesional”, dice Barbieri. Tanto en el ámbito público como en el comunitario, e incluso el privado, las actuaciones de los profesionales “tienen que ver con el cumplimiento o no de determinados derechos de las personas y las comunidades”.

En este sentido, pone el ejemplo británico: un informe de la Universidad de Warwick en 2016 concluía que el 8 % de la población más rica, mejor educada y menos diversa étnicamente conforma el segmento que utiliza más los recursos culturales públicos del Reino Unido. Esto también se ve reflejado en el sector profesional de la cultura en Inglaterra, que es básicamente un sector donde al frente hay personas de gran privilegio económico, explica Barbieri, y en este sentido “acaban pudiendo producir, impulsar y comunicar a gran escala una cultura dirigida principalmente a personas de carácter privilegiado. Esto genera un círculo cerrado y endogámico, donde todo se retroalimenta y donde al margen quedan muchas personas. Es muy importante evitar que esto pase”.