Un asunto es el hartazgo ciudadano en el corazón de Madrid por el rosario de manifestaciones en su centro histórico y la actuación de radicales, y otro el debate político y judicial de la seguridad ciudadana. La última batalla campal, tras las marchas de protestas de la izquierda que crece a la izquierda del PSOE (Partido Socialista Obrero Español), se convirtió en los incidentes más graves en el centro de la ciudad. De nuevo, hubo incidentes en las protestas de estudiantes y ya han sido convocadas nuevas protestas junto al Congreso de los Diputados.
La seguridad en Madrid -que implica al ministro Jorge Fernández Díaz, la delegada Cristina Cifuentes, y la alcaldesa Ana Botella– se situó el centro de la atención política, indicaron analistas a Hechos de Hoy. En este marco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tachó de inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana. El pleno del Poder Judicial cuestiona los cacheos y detenciones "por faltas penales o infracciones administrativas". Paralelamente el ministro de Interior apuesta por restringir las protestas a “un lugar específico”. Jorge Fernández Díaz ha planteado una especie de manifestódromo tras las quejas de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Es lo que se llama la fórmula de París para evitar que radicales pongan en fuga a turistas y ciudadanos, y sometan a escarnio a los comerciantes.
La sesión del CGPJ y respuesta de Fernández
El pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad un informe que considera inconstitucionales varios aspectos la ley Fernández. El informe, elaborado por los ponentes Wenceslao Olea y Victoria Cinco, ha sido aprobado sin modificaciones, aunque con los votos concurrentes de los vocales Concepción Sáez y Enrique Lucas, en este último caso, con la adhesión de Mercé Pigem.
Uno de los aspectos que considera contrarios a la Constitución es la posibilidad de que se identifique a personas cuando haya indicios de que hayan podido cometer una infracción. También considera que choca frontalmente con la Constitución el establecimiento de controles para permitir la detención de personas por faltas penales o infracciones administrativas. Por su parte, el Ministerio del Interior ha anunciado ya que modificará los aspectos polémicos, criticados por los jueces y fiscales, para evitar cualquier duda sobre la constitucionalidad de sus artículos.
