De nuevo, en lo positivo, el celo profesional con el que está actuando la Fiscalía Anticorrupción, la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Estado funciona y el Gobierno (Poder Ejecutivo) no obstaculiza el trabajo. No sucedió así en anteriores ocasiones, y tampoco hay esa celeridad en otros escenarios.
En lo negativo, la indignidad de los comportamientos. En el caso de Francisco Granados -como informó ampliamente Hechos de Hoy– supone un terremoto político que augura grandes sorpresas (los últimos comicios celebrados en España, las elecciones al Parlamento Europeo, fueron el primer aldabonazo).
La situación es de traca. Hay la sensación -y convicción- de que los partidos políticos no hicieron todo lo que era necesario para arrancar de cuajo la corrupción. Es ya una sensación de hartazgo ciudadano y un aviso muy serio a Mariano Rajoy (Partido Popular) y Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español).
Esperanza Aguirre -al margen de que pueda ser o no la candidata elegida para los comicios claves en Madrid en 2015- pidió perdón a los ciudadanos por la traición de una persona en la que confió. Y llamó con tintes dramáticos a todos los concernidos de que este es el último tren. Es totalmente prioritario que los dos partidos que fueron ejes desde la Transición -PP y PSOE- tomen con urgencia todas las iniciativas necesarias para convencer a la opinión pública de que su apuesta por la regeneración democrática y la honradez en la vida pública en España es totalmente sincera.
Es ya la última oportunidad. La macrooperación que inició la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil condujo a la detención de decenas de personas. Conocer una trama de comisiones sobre contratas por un valor de 250 millones de euros en los dos últimos años cayó como un mazazo inaceptable.
