Nadie le pedirá disculpas al Fiscal General, señor Sánchez
En los hechos de hoy, jueves 20, demoledora videoteca para Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo condenó a Fiscal General del Estado por revelación de secretos. El Gobierno defendió su “deber moral” de reconocer que no comparte la condena a Álvaro García Ortiz, aunque la respete. Las opciones de García Ortiz: acatar la sentencia o acudir al Tribunal Constitucional.
La respuesta de Ayuso a Sánchez. “Toda la prensa internacional recoge el fallo del Tribunal Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular”.
“A quien realmente condena el Tribunal Supremo no es al Fiscal General. es a Pedro Sánchez“, el análisis de Antonio R. Naranjo. El Gobierno pierde el plebiscito político en el que se había convertido el juicio a su Fiscal General. Un auténtico mazazo para Sánchez.
Para analistas políticos, como se señaló a Hechos de Hoy, un lunes negro para La Moncloa. El 20-N que nunca soñó Sánchez.
El Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado a dos años de inhabilitación por revelar secretos. Impone, además, a Álvaro García Ortiz doce meses de multa por los correos de la defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid de Ayuso y una multa de 10.000 euros,
El presidente del Gobierno ha visto cómo el rápido fallo condenando a su Fiscal General del Estado y las peticiones de 30 años de cárcel al que fuera su número dos le han vuelto a estropear el 20-N. El choque entre el Gobierno (Poder Ejecutivo) y el Tribunal Supremo )Poder Legislativo) se agrava con la sentencia del juicio al Fiscal General del Estado. Primero, fue la decisión de no amnistiar a Carles Puigdemont por el delito de malversación y, ahora, la condena de dos años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz.
La sentencia
El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelación de secretos. El fallo contó con los votos particulares de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo. Esta última dejó la ponencia en manos del presidente de la Sala, Martínez Arrieta
El Tribunal Supremo condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos y a una multa de 7.200 euros. Además, se le impone el pago de las costas procesales del juicio y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador en concepto de responsabilidad civil.
El Tribunal Supremo así lo notificó en una providencia en la que únicamente informa del sentido del fallo, toda vez que la sentencia está pendiente de redacción. La deliberación se ha saldado con cinco votos a favor de la condena frente a dos. Se trata de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que han anunciado voto particular contra el criterio mayoritario. Además, Susana Polo ha renunciado a la redacción de la ponencia, la cual ha recaído en el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta.
“Debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, artículo 417.1 del Código Penal, a la pena de multa 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil, se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales”, señaló el fallo adelantado a las partes.
El artículo 417.1 del Código Penal determina que la autoridad o funcionario que revelare secretos de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
El fallo se conoce una semana después de que terminara la vista oral que ha acogido el Tribunal Supremo contra García Ortiz. Se trató de un juicio histórico dado que es la primera vez que se sentó en el banquillo de los acusados un Fiscal General del Estado en activo. Durante las seis jornadas de juicio declararon 40 testigos y el investigado, que negó haber filtrado el correo del abogado de González Amador en el que se reconocía la comisión de dos delitos fiscales.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado -esta última en representación del Fiscal General- solicitaron su absolución al considerar que no había ninguna prueba que acreditara su culpabilidad en los hechos. Las acusaciones, por su parte, concluyeron en la última jornada del juicio que los indicios quedaban reforzados. La defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en su condición de acusación particular, concluyó que había filtrado el correo del 2 de febrero con una finalidad política.
