Un lunes 30 de abril con nueva e intensa polémica en torno a la sentencia en el caso de La Manada.

En una entrevista a Carlos Herrera en la Cadena COPE, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que en el ámbito judicial "todos saben que este juez (Ricardo González) tiene algún problema singular" y que le sorprendía que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no aplicara su potestad disciplinaria contra este magistrado.  Para el ministro, el voto particular de este juez, Ricardo González, y las expresiones empleadas durante los más de doscientos folios del magistrado, son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que la sentencia en sí.

"Sería un frívolo e irresponsable si dijera lo que no sé. En una carrera con 5.500 personas hay extraordinarios profesionales. No he descalificado a la persona porque no la conozco personalmente. Pero me han dicho que tiene algunos expedientes, que tiene algún problema…", subrayó Rafael Catalá en el progama de Carlos Herrera.

La posición de Margarita Robles

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, apoyaron al ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Margarita Robles consideró que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió haber emprendido alguna actuación ante el retraso del tribunal a la hora de emitir la controvertida sentencia del caso de La Manada y ante el voto particular del juez Ricardo González, en el que a su juicio se ofende a la víctima.

Margarita Robles coincidió así con las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha asegurado que el CGPJ tenía que haber intervenido antes con el juez Ricardo González porque "todos saben que tiene algún problema singular".

La diputada, que es magistrada en excedencia y que formó parte del Consejo del Poder Judicial, ha recordado que el tribunal tardó más de cinco meses en emitir la sentencia del caso de La Manada, lo que no es habitual en una causa de este tipo con presos, y considera que el CGPJ tenía que haber tomado cartas en el asunto.

"Cuando el CGPJ ve un retraso evidente y claro como el que se estaba produciendo, tenía que haber hecho algún tipo de actuación o de seguimiento. Ahora el CGPJ no puede ponerse de perfil".

Precisamente este lunes se ha conocido que el juez Ricardo González fue sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y el 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao.

Según Margarita Robles, "por parte del CGPJ hubiera tenido que haber seguimientos claros porque no se pueden tardar cinco meses en poner una sentencia en una causa con preso".

Hay un segundo motivo por el que, a su juicio, el CGPJ debería haber actuado, y es el contenido del voto particular del juez González, que según la portavoz socialista "contiene ofensas a las víctimas" y el Consejo no permite utilizar los procedimientos para menospreciar e insultar a la víctima de un delito.

"Las resoluciones judiciales hay que protegerlas y proteger la independencia de los jueces, pero lo que no es aceptable es utilizar un voto particular para ofender a la víctima, como en este caso, e incluso a los propios compañeros que formaban el tribunal", señaló.

Por todo ello, y sin entrar en el fondo de las declaraciones del ministro, Margarita Robles entiende que Rafael Catalá las ha hecho "con conocimiento de causa" y que el Consejo "tendría que dar explicaciones de por qué no se realizó un seguimiento y por qué tardó tanto la sentencia".

La reacción de jueces y fiscales

Por su parte las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido en bloque la dimisión del ministro de Justicia.

En un comunicado firmado por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han considerado sus palabras "una temeridad" y han pedido la dimisión del ministro. Los jueces y magistrados de Navarra consideran también "escandalosa" la actitud de Rafael Catalá y se unen a la petición de dimisión.

Los juristas denuncian lo que consideran "una intromisión del Ejecutivo en las labores que les corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial", han afirmado. "Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", añaden.

"Hoy es por el juicio de La Manada pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del ministro o de su Gobierno", añade el comunicado de las siete asociaciones, que advierte del "verdadero peligro" que entrañan sus afirmaciones. Esto es, la utilización de las resoluciones judiciales y la "confusión intencionada de intereses electorales".

En su comunicado, los jueces de Navarra denuncian "una clara intención de confundir a la ciudadanía" y motivos "exclusivamente políticos" en las insinuaciones del ministro.
"Las decisiones de Jueces y Magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones", señalaron.