Primer asunto importante, y que avanza de forma atropellada, en la primera semana de septiembre. La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento de Cataluña aborda el martes 2 de septiembre, y vota, la solicitud de comparecencia de Jordi Pujol.
El mismo día el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparece en el Congreso de los Diputados. PSOE e Izquierda Unida quieren saber si se acogió a la amnistía fiscal. En la tercera semana de septiembre, Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironés, están citados en la Audiencia Nacional para declarar por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. En el contraataque de Jordi Pujol, el expresidente de la Generalitat espera que la Justicia de Andorra se pronuncie sobre quién filtró la información sobre sus cuentas que precipitó su confesión.
Montoro, ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, va a informar de los avances en la lucha contra el fraude fiscal. Pero desde su primeras palabras el caso Pujol pesará con fuerza en el ambiente político de su comparecencia.
El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, dijo que el ministro acude para hacer balance de la lucha contra el fraude fiscal y no sobre el caso Pujol, aunque sí vaya a tratarse este asunto como se hablará de "otras situaciones". La voluntad del PP, dijo Alonso, es que Montoro dé cuenta de "todo aquello que pueda explicar de acuerdo con la ley" y se ha mostrado convencido de que el ministro tratará de responder a las "inquietudes" de los grupos parlamentarios. Y en este sentido ha admitido que hay "inquietud" sobre el caso Pujol a la vista de que los grupos lo han llevado a la Diputación Permanente.
La comparecencia de Montoro es delicada para Artur Mas y Convèrgencia i Unió. Su portavoz, Pere Macias, lo reconoció. CiU teme en estos momentos -con todos los frentes abiertos para Artur Mas, y son complejos como ha destacado Hechos de Hoy– que se intente dañar su proyecto político en base al caso Pujol y convertir las irregularidades que afectan al expresidente de la Generalitat en un caso de corrupción que se extienda a toda la clase política catalana.
