En el reciente acto en el Círculo del Liceo, Javier Godó, conde de Godó, presidente-editor de La Vanguardia y miembro del patronato de la Fundación La Caixa, mostró sus diferencias con el presidente de la Generalitat en funciones y la deriva impuesta a su partido.
Al recibir la medalla de oro, en un acto muy representativo de la sociedad catalana, y ante el presidente de Caixabank, Isidre Fainé, desnudó sus emociones políticas. "En estos tiempos de turbulencias emocionales, cuando se nos piden respuestas en blanco y negro (lealtades incondicionales), yo quiero expresarles la doble lealtad que ha guiado mi conducta y que la seguirá guiando”.
Expresó su compromiso con una Cataluña abierta y con el conjunto de una España plural. Hizo especial énfasis, lo que sorprendió, en el “compromiso con el cumplimiento de la ley”. Y destacó la figura del Rey. "Estoy convencido de que Felipe VI está llamado a arbitrar un nuevo comienzo”.
Fue tajante en sus palabras en el Círculo del Liceo: "Este es mi compromiso, el de mi familia y el del grupo al que represento".
Este martes, en un editorial sin precedentes, Rectificar, Javier Godó cruzó una nueva frontera en el rechazo al liderazgo de Artur Mas y el sometimiento de la lista soberanista al proyecto destructivo de la extrema izquierda, antisistema y anticapitalsta de la CUP (la Candidatura de Unidad Popular) (ver en Hechos de Hoy, El secesionismo de CDC, ERC y la CUP, tapar la corrupción política).
Rectificar
Por la exposicion pedagógica, desde la reflexión catalana, de la situación abierta por el Parlamento de Cataluña,recogemos íntegro el editorial de este martes de La Vanguardia con un nítido mensaje al partido de Artur Mas:
"Se decide romper paulatinamente con España -una declaración unilateral de independencia encubierta- y se mantiene en puntos suspensivos la gobernación del país. Este es el mensaje que el Parlament de Catalunya está a punto de enviar a los organismos internacionales, a las cancillerías europeas, al Gobierno de España y a toda la sociedad. Ruptura y poder vacante por falta de un mínimo acuerdo entre la mayoría.
Hay mayoría parlamentaria para proclamar esa virtual ruptura mediante una moción retórica, hiper- bólica y mal redactada, y no parece haberla para formar gobierno. Hay mayoría para la huida hacia delante y no la hay para una gobernación coherente. Esta es la fotografía del 9 de noviembre del 2015, jornada que pasará a la historia de los errores de Catalunya, con el agravante de la parodia. Una pequeña, triste y deslavazada simulación del Sis d’Octubre de 1934, que puede poner en riesgo la autonomía de Catalunya, la amplia corriente de movilización social en favor del autogobierno registrada estos últimos años, y la propia autoestima de los catalanes.
Bastaba observar el rostro de los miembros del actual Govern de la Generalitat durante la votación. Rostros graves, muy preocupados y encerrados en sí mismos. El semblante del presidente en funciones, Artur Mas, describía perfectamente la situación. No fue ayer un día alegre. No lo fue para gran parte de los ciudadanos de Catalunya.
Sólo los diputados de la Candidatura d’Unitat Popular transmitían felicidad. ¡Con sólo diez escaños y el 8,2% de los votos han logrado arrastrar las aguas del Parlament hacia su molino! El grave error táctico cometido por la coalición Junts pel Sí y muy particularmente por Convergència Democràtica -el partido que ha gobernado Catalunya durante 28 de los 35 años de autonomía-, consistente en tramitar una resolución maximalista y rotundamente inconstitucional a cambio de nada, lo puede acabar pagando el conjunto de la sociedad catalana. No es inteligente. No es justo. No es necesario. No fue eso lo que se votó el pasado 27 de septiembre.
Después de más de tres años de intensas movilizaciones cívicas en favor de un mayor reconocimiento de Catalunya y de un trato más justo, llega el momento del error. Es decepcionante. Esas movilizaciones empezaron a desarrollarse en el 2010, inmediatamente después de la infausta sentencia sobre el Estatut, bajo la enseña del soberanismo, es cierto, pero desde el primer día han agrupado muchos matices y sensibilidades, logrando reunir a mucha gente con la premisa del gradualismo y la tranquilidad.
El error del 9 de noviembre del 2015 consiste en dividir ese caudal cívico, instalar a la gran mayoría de la sociedad en una fase de angustia y alimentar, todavía más si cabe, los anticuerpos españoles contra el autogobierno catalán. Con el gesto de ayer nada se refuerza en Catalunya, salvo la genuina radicalidad de un partido que no alcanza el 10%. Nada se refuerza y el conjunto social sale perdiendo.
Quienes han auspiciado el error del 9 de noviembre deberían reflexionar urgentemente sobre ello y propiciar, lo antes posible, una inteligente rectificación. Nada se ha roto aún de manera irremediable. Hay que empezar a trabajar ahora mismo por una oportuna y eficaz reconducción. Hay tiempo. Existe una potencial mayoría parlamentaria para llevar a cabo esa rectificación después del 20 de diciembre.
La ruptura exprés y el maximalismo en ningún caso pueden ser la divisa de una mayoría parlamentaria que acudió a los comicios de septiembre con un logotipo de caligrafía cuasi infantil y con una promesa de independencia de costes reducidos. La coalición vencedora no se dirigió a los electores pidiéndoles el veloz advenimiento de la república catalana, expresión voluntariamente ignorada en su programa, con apoyo en votos inferior al 50% y sin mayoría absoluta.
De haber incluido la resolución aprobada ayer en el programa, Junts pel Sí estaría hoy quizás por debajo de los sesenta diputados. El 27 de septiembre, la sociedad catalana no votó mayoritariamente ruptura exprés. Si el Parlament no interpreta correctamente esa realidad de fondo, podemos estar en puertas de una colisión nefasta para la autonomía de Catalunya tal como hasta hoy la hemos conocido.
La resolución aprobada por el Parlament no sólo choca con la Constitución vigente, sino que se sitúa al margen del orden europeo. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia la Unión Europea podría aceptar o mirar con simpatía que uno de sus territorios se proclame ajeno a las leyes vigentes y decida desconocer la jurisdicción del tribunal de garantías constitucionales. Desde la firma del tratado de Roma en 1957, jamás ha ocurrido cosa parecida en la Europa democrática. Quisiéramos recordar que el transversal catalanismo europeísta sigue teniendo mayoría en la sociedad catalana. Un motivo más para trabajar lo antes posible en la reparación del error.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer mismo la puesta en marcha de los mecanismos de respuesta, que pasan por el Tribunal Constitucional (TC), dotado ahora de poderes coercitivos. La resolución será elevada al TC y este procederá a su anulación en las próximas 48 horas.
Rajoy dijo ayer en la localidad de Béjar que la respuesta gubernamental será de carácter exclusivamente jurídico. “Aplicaremos sólo la ley, pero toda la ley”, afirmó el presidente, que hoy mismo volverá a entrevistarse con el jefe de la oposición, el socialista Pedro Sánchez. Es muy importante que el Gobierno se atenga al principio de “proporcionalidad” reiterado durante las últimas semanas y no se vea arrastrado por la reclamación de acciones punitivas, que viene efectuándose desde su ala derecha. La actuación del Tribunal Constitucional es suficiente.
Ley y política. La mayoría parlamentaria catalana ha cometido un grave error que contradice el deseo y la intención de parte de sus votantes y que puede colocar al Parlament en ruta de colisión con la propia sociedad, que mayoritariamente no desea rupturas, ni teatrales esguinces. El error debe ser rectificado.
Estamos seguros de que después de las elecciones generales habrá mayores márgenes para ello. Faltan poco más de cuarenta días para la cita del 20 de diciembre. La consigna catalana debe ser ahora mismo evitar cualquier tipo de aventura. Que se imponga la inteligencia".
