La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres en el caso Nóos, por urdir y liderar una trama empresarial. Lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública, según las conclusiones presentadas por las acusaciones ante el tribunal.
El representante del Ministerio Público, Pedro Horrach, ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
Con respecto a la Infanta Cristina, el fiscal Horrach mantiene su posición inicial, para quien no pide ninguna condena aunque la considera responsable civil a título lucrativo y señala que ya ha aportado toda la cuantía que le fue solicitada: 587.413 euros. Únicamente ha añadido un cambio respecto a la petición inicial al indicar que "ha consignado la cantidad total que se le solicitaba en concepto de responsabilidad como partícipe a título lucrativo", según ha señalado Horrach.
Mientras, la Abogacía del Estado reclama a la Infanta Cristina 163.462 euros de responsabilidad civil, como partícipe a título lucrativo de los bienes con los que se lucró su marido, Iñaki Urdangarin, al cometer presuntamente fraude fiscal en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007 y 2008.
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, para la que rebaja la petición de 6 años y medio a cuatro años y medio y para los exaltos cargos de Baleares acusados.
El fiscal rebaja de once a cinco años la petición de cárcel para el expresidente del Ejecutivo de Baleares, quien el jueves entregó al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma 865.252 euros por la venta de su vivienda de Palma, como reparación del daño, en concepto de responsabilidades pecuniarias, a favor de los perjudicados en el caso Nóos.
El fiscal también rebaja la petición de cárcel para el exdirector general de Deportes, José Luis, Pepote, Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport, Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa, Miquel Ángel Bonet.
En cuanto a los exaltos cargos valencianos procesados en el caso, Horrach mantiene su solicitud de ocho años de cárcel para cada uno de ellos por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. En concreto para el exsecretario de Turismo de la Generalitat, Luis Lobón; los exdirectores gerentes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y para la exresponsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado.
El exteniente de alcalde de Valencia y expresidente de la Fundación Turismo Convention Bureau, Alfonso Grau, se sienta en el banquillo por la acusación del PSPV, que reclama once años de cárcel.
Por último, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta Cristina en el caso Nóos, ha acordado mantener su petición de ocho años de prisión contra la exduquesa al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido, Iñaki Urdangarin, presuntamente habría cometido.
– Ver en Hechos de Hoy, Cospedal niega la tesis retorcida de la doble pinza y la conspiración.
