El presidente de la Xunta y candidato único a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe un plan de contingencia para garantizar el suministro de productos básicos a la población y que incluya la intervención del Ejército, si es necesario, para establecer corredores seguros para alimentos perecederos.
Feijóo afirmó que el Gobierno "no puede vivir en una torre de marfil" y debe reunirse con las plataformas de transportistas que convocan la huelga y hacer ya una rebaja de los impuestos de la energía y los combustibles, dentro de un decálogo de "medidas urgentes" que ha exigido al Gobierno central que apruebe "porque muchos gallegos y españoles no pueden llegar a fin de mes".
Frente a la actitud del Gonierno de PSOE y Podemos (socialistas y comunistas) que se niega a adoptar medidas de impacto hasta el próximo 29 de marzo (a la espera del Consejo Europeo), Feijóoo ha asegurado que la Xunta "no se inhibe".
Dentro de sus competencias, avanzó que va a aprobar este jueves nuevas medidas que se suman a las ya adoptadas, con préstamos directos para la industria manufacturera por 70 millones para movilizar 140 millones de euros, así como un bono energía para pymes y hostelería de 65 millones de euros para que puedan reducir costes energéticos.
Una situación insostenible
Por su parte la cadena alimentaria y del gran consumo ha alertado este martes de que "la situación ya es, en estos momentos, insostenible".
En un comunicado, suscrito por las patronales Cooperativas Agroalimentarias, Fiab, Aecoc, Asedas, Aces y Anged, las empresas han instado a "acabar inmediatamente con un conflicto que está teniendo elevados costes para la economía y el conjunto de la sociedad".
Desde la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo "se considera inaplazable poner fin a esta situación que está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos, así como la continuidad de miles de negocios y empleos".
Las empresas han hecho un llamamiento al Gobierno para que ponga en marcha "una intervención urgente en un conflicto que se ha convertido en un problema de Estado con un impacto sobre la economía y los ciudadanos que no admite demora".
"El paro está teniendo ya un gran impacto en toda la cadena alimentaria -sector primario, industria, transporte y distribución-, provocando graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo", señalan las patronales.
Alertan de que recogen que "numerosas empresas y cooperativas han tenido que interrumpir sus procesos de fabricación y se han visto obligadas a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro", como es el caso de Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso.
"Ante esta situación, las empresas de distribución trabajan para adaptar su surtido, tratando de reemplazar aquellos productos que no están llegando al punto de venta por otras alternativas, con el fin de que el consumidor pueda realizar su compra con la mayor normalidad posible".
"Es importante destacar el esfuerzo que están haciendo todos los proveedores para que, hasta en situaciones como las actuales, el máximo de productos posible pueda llegar a las tiendas para evitar el desabastecimiento".
Lasasociaciones empresariales apuntan a que "el recrudecimiento de las acciones de los convocantes del paro del transporte que, desde el pasado lunes, trata de paralizar el país está teniendo un efecto devastador sobre toda la cadena de suministro de alimentación (sector primario, industria, transporte y distribución), con pérdidas que ya alcanzan los 600 millones de euros, ponen en peligro más de 100.000 puestos de trabajo y están perjudicando especialmente a sectores igualmente afectados por el actual escenario inflacionista".
La huelga de los transportistas está convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, no incluida en el mayoritario Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Por su parte, Unesid, que representa a la industria siderúrgica y de primera transformación, ha reclamado este martes que "las perturbaciones del trabajo de las empresas están alcanzando niveles de máxima gravedad".
"En estos momentos, ningún fabricante del sector opera con normalidad, viéndose las plantas obligadas a reducir o incluso detener la producción por la falta de abastecimiento de materias primas o la incapacidad de hacer llegar los productos a los clientes", apuntan la patronal.
