En los hechos de hoy, jueves 4, Alberto Núñez Feijóo mostró que ha roto todas las narrativas de Pedro Sánchez. Denunció su gestión sectaria y autoritaria, una dictadura en el sur de Europa que alarma en el IBEX 35 y en la Comisión Europea. Y preocupa e inquieta en Estados Unidos y en América Latina.
Feijóo defendió el proyecto de país del Partido Popular de convivencia, pactos políticos, defensa de la Constitución y del Estado de las Autonomía y de un gobierno sólo al servicio del bien común de todos los españoles.
Muy firme apoyo de Feijóo a Isabel Perelló, la presidenta del Tribunal Supremo, la Constitución, y la monarquía parlamentaria. Feijóo ha querido dar un aldabonazo a la opinión pública ante el sectarismo y autoritarismo de Sánchez y su desgobierno de caos.
La figura de Isabel Perelló. “Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un Fiscal General procesado que se empeña en intervenir ante el Tribunal Supremo que le investiga. Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia”, sentenció Feijóo.
Un clamor contra Sánchez
Muy seria atención al ataque a los jueces de Pedro Sánchez en Televisión Española (RTVE). Sánchez ya está gestionando una transformación del sistema constitucional en España en un régimen iliberal, alejado de cualquier paradigma propio de las democracias occidentales.
Es una realidad que ya asusta y preocupa en el IBEX 35, la Comisión Europa y figura en notas de bancos de inversión como se señaló a Hechos de Hoy.
Sánchez ha dejado al costado los mandatos constitucionales, los pilares de la democracia liberal, y el principio de responsabilidad política.
En La Moncloa hay un Gobierno sin compromiso con la verdad y y el respeto. Alberto Núñez Feijóo esta denunciando con energía ante la opinión pública que hay que plantarse con la máxima energía ante una gestión autoritaria, una dictadura que es inaceptable en la Unión Europea y en la Zona euro.
La foto que abochorna
Sánchez recibió este jueves al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en La Moncloa para que le entregara, a modo de avance, la Memoria Anual de la Fiscalía. Ambos han posado sonrientes ante las cámaras y han mantenido una conversación privada. Un marco radicalmente diferente al que marcó el día anterior la audiencia del Rey con extrema seriedad y brevedad en el Palacio de La Zarzuela.
Atención a que el Tribunal Supremo planea mandar a juicio al Fiscal General del Estado tras la apertura del año judicial que se celebra este viernes y que estará presidido por el Rey Felipe VI.
El fiscal general está procesado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. El magistrado instructor del Supremo, Ángel Luis Hurtado, acordó el lunes dar un plazo de tres días a las acusaciones por si procede formular alegaciones respecto de sus escritos de calificación. Lo hizo después de que la Sala de Apelaciones acordara el archivo de las actuaciones respecto de la fiscal jefe de la Fiscalía provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el pasado 29 de julio.
En fuentes jurídicas se ha destacado que el juez Hurtado acordará la apertura de juicio oral contra García Ortiz y sentará por primera vez en la historia de España a un Fiscal General del Estado en el banquillo de los acusados de forma inminente.
La postura de diez vocales del CGPJ
Diez vocales del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) exigieron a García Ortiz que no asista a la apertura del Año Judicial y pidieron a la vez relegar a Bolaños.
Con este gesto expresaron que se haga visible el rechazo del Poder Judicial a los ataques dirigidos desde el Gobierno a los jueces y magistrados. Consideran, además, que el ministro de Justicia no debe sentarse en la mesa presidencial, como símbolo del respeto a la separación de poderes
“En defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece”, diez vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (elegidos a propuesta del Partido Popular, en la última renovación del órgano) han remitido un escrito a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, para expresar y subrayar el malestar de la Magistratura ante la anunciada presencia de Álvaro García Ortiz en la apertura del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey Felipe VI.
Los consejeros profesionales del Consejo consideran una “inconveniencia” que el Fiscal General del Estado, procesado por un delito de revelación de secretos, asista a la cita.
“Su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones”.
«Con el máximo respeto a todas las personas concernidas, deseamos trasladarle nuestra gran preocupación por la circunstancia de que el actual Fiscal General del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a Su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes”.
“En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga, como no puede ser de otra forma, el fondo del proceso en curso”.
Pero no es incompatible el debido respecto a la “independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución”. Un principio fundamental de las democracias liberales que no ha de operar como un “privilegio corporativo”, sino como “una garantía para todos los ciudadanos”.
“Las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo”.
“El pasado 1 de septiembre, el presidente del Gobierno realizó manifestaciones en la televisión pública española en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados, manifestaciones que reiteró ante la prensa internacional, poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función; en la misma línea se manifestó al día siguiente la portavoz del Gobierno, y al siguiente el propio Ministro de Justicia”.
“Ante ello queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”.
Atención a un viernes 4 de alto calado político.
