En los hechos de hoy, miércoles 16, una bomba política sobre el Congreso de los Diputados y La Moncloa.
Por primera vez en la historia de la democracia en España, el fiscal general del Estado ha sido, formalmente imputado. La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha admitido su competencia, en decisión por unanimidad, para investigar, formalmente, al titular del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
Analistas políticos confirmaron a Hechos de Hoy que es un golpe durísimo para Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo se ha declarado competente para asumir la causa procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, el pasado mes de junio, elevó una exposición motivada teniendo en cuenta la condición de aforado de García Ortiz y los indicios preliminares que pesan sobre él, como máximo responsable de la institución que filtró datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, contenidos en el marco de la negociación de un pacto de conformidad por un supuesto delito fiscal.
La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir la causa para la que es competente, también, sobre la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien fue la que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.
La Sala ha estado formada por los magistrados Manuel Marchena (presidente), Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Susana Polo (ponente) y Carmen Lamela.
González Amador llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la difusión de la nota no se correspondía con la “alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal” -desmentir un bulo-, porque, a su juicio, “aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros”.
La Fiscalía, en cambio, defendió que “dar a conocer la cronología de los hechos y de los correos electrónicos era especialmente necesario para el Ministerio Fiscal, puesto que al alterar varios medios de comunicación su orden temporal se pretendía confundir a la opinión pública al variar radicalmente el papel de la Fiscalía tanto en las diligencias de investigación como en su relación con la representación del investigado González Amador“.
El Ministerio Público insistió que “ningún extremo de los contenidos en la nota informativa” era “desconocido” cuando se hizo pública. “Ello permite afirmar que nos encontramos ante una conducta inocua, carente de antijuricidad material, dada su nula lesividad”, alegó.
El análisis de Anronio Naranjo
