La semana de alto riesgo comenzó.
Artur Mas, en su intervención en el debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, prometió una transición "de la autonomía al Estado". Horas antes, el Parlamento de Cataluña aprobó la declaración independentista propuesta por Junts pel Sí y la CUP para iniciar el proceso de desconexión con España. Los nueve puntos de la propuesta obtuvieron 72 votos a favor y 63 en contra (ver en Hechos de Hoy, El Parlamento de Cataluña vota el plan de república en el desafío más grave).
Fue una sesión cargada de trascendencia:
Raul Romeva (Junts pel Sí): "Me estreno con el honor y la responsabilidad de defender la propuesta de resolución con la que damos solemnemente el inicio a la construcción de un Estado catalán".
Anna Gabriel (CUP): "Esta declaración no es una DUI (declaración unilateral de independencia): es un acto íntegro de soberanía, y para nosotros, de ruptura".
Joan Coscubiela (Catalunya sí que es pot): "Nunca le diremos a la gente que sufre que tiene que esperar a la independencia”.
Miquel Iceta (PSC): "La aprobación de esta propuesta sitúa a las instituciones catalanas fuera de la legalidad".
Xavier Garcia Albiol (PPC): "Nunca pensé que en mi primera intervención como diputado sería en una sesión histórica para defender la integridad de Cataluña y la unidad de España".
Inés Arrimadas (Ciudadanos): "Esta declaración es el mayor desafío a la democracia de los últimos 30 años porque dicta que los gobernantes podrán elegir las leyes que quieren cumplir y cuáles no".
Máxima atención a la resolución secesionista impulsada por la coalición de CDC (Convergència Democràtica de Catalunya), ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular). Es cuestión grave, muy grave, para la democracia (tanto para el conjunto de la sociedad catalana como para la española). Bajo ningún concepto se puede considerar como un asunto menor.
Es una iniciativa destructiva que busca romper la Constitución, convertida además en un plan exprés con agenda urgente para la tramitación en 30 días de leyes de ruptura total.
Para el Gobierno no hay otra alternativa que recurrirla. Y es obligado para el Tribunal Constitucional la tramitación urgente y la suspensión. Se llegó a este punto por la irresponsabilidad del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; y de la agitación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell.
De toda la situación de insensatez, de enorme gravedad además por estar en un periodo de transición, queda el retrato de un secesionismo -el de la CDC, ERC y la CUP- que sólo esta sirviendo para tapar la enorme corrupción política en Cataluña, una realidad que mismo Jordi Pujol admitió con su fraude fiscal.
