La Fiscalía decidió presentar un escrito contra el FC Barcelona con el fin de investigar la existencia de un posible delito contra la Hacienda Pública, dentro del procedimiento que se lleva contra Sandro Rosell, y que se inició a raíz de la denuncia de un socio del club conocido como Jordi Cases.
En este sentido, entienden que existe una gestión irregular con independencia de quién fuera el gestor que lo llevó a cabo, es decir, que consideran al FC Barcelona como persona jurídica responsable del presunto delito, más allá de que fuera el presidente del equipo quién llevase a cabo la mala gestión.
Cabe destacar que el FC Barcelona entra de lleno en un proceso en el que hasta la fecha solo se incluía al expresidente, Sandro Rosell. Concretamente son dos delitos, uno contra la Hacienda Pública y otro contra la apropiación indebida por distracción, dentro del mismo proceso que lleva el juez Pablo Ruz.
Se centra por tanto en el caso del fichaje de Neymar que se argumenta a partir del artículo 310 bis del Código Penal y que fue modificado en 2010 precisamente en lo referente a imputar a personas jurídicas. Asimismo, fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que todo se trata de un caso meridiano y que dicha decisión se toma con una base sólida.
A partir de este momento, el FC Barcelona deberá designar a un representante legal que defienda sus derechos. En el escrito emitido esta misma mañana llegan a solicitarse diligencias para que la Agencia Tributaria aporte toda la documentación referida en este caso sobre el equipo azulgrana.
Se trata de un presunto delito que, al estar dirigido hacia persona jurídica y no física, no llevará consigo penas de cárcel por lo que se llevaría a cabo en el peor de los casos una fuerte multa para el FC Barcelona, si finalmente resultan condenados. Dicha sanción podría ser desde el doble hasta el cuádruple de la cantidad defraudada.
La acusación sostiene que lo abonado por el fichaje que no consta en la declaración de liquidación del impuesto en de 37,9 millones de euros, base sobre la que se ha estimado el presunto fraude de 9,1 millones de euros.
