El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad la anulación por inconstitucional del decreto de convocatoria de la consulta soberanista celebrada en Cataluña el pasado 9 de noviembre y también aprecia como contrarios a la Carta Magna varios preceptos de la ley catalana de consultas. En una reunión que ha durado poco más de media hora, el pleno ha logrado ponerse de acuerdo sobre la resolución de los recursos del Gobierno central contra la normativa del Parlamento catalán que daba amparo a la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre.
En concreto, el TC declara inconstitucionales los artículos 3 y 16 de la ley del Parlamento catalán aprobada el 26 de septiembre de 2014. Se trata de los preceptos que regulan la convocatoria por la Generalitat de Cataluña de consultas de carácter general, por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado.
Asimismo, el pleno del Tribunal ha dictado una segunda sentencia que declara inconstitucional y, por tanto, nulo, el decreto del presidente de la Generalitat de Cataluña de convocatoria de consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña. Han sido ponentes de las dos sentencias los Magistrados Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente.
Antes de entrar en el análisis del fondo del recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la ley catalana de consultas, la primera de las sentencias citadas explica que el referéndum es una de las modalidades de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos que nuestra Constitución garantiza; y, como tal, es expresión del derecho fundamental del artículo 23.1 de la Carta Magna.
El Alto Tribunal, recuerda que la Constitución prevé otras modalidades de participación ciudadana que no derivan del derecho fundamental contemplado en ese artículo y que encarnan lo que se ha denominado "democracia participativa". Entre estas últimas figuran las llamadas consultas "no referendarias".
El Gobierno central presentó sus recursos ante el Constitucional con el argumento de que una comunidad autónoma no tiene competencia para organizar un referéndum. Además, en el caso de la convocatoria del 9-N, el Ejecutivo consideraba que su contenido atentaba "contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español" y contra la "indisoluble unidad de la Nación española".
El Constitucional suspendió inicialmente la vigencia de esta Ley de Consultas de forma automática en cumplimiento del artículo 161.2 de la Carta Magna, que establece la suspensión cuando es el Gobierno el que presenta los recursos de inconstitucionalidad y lo solicita de forma expresa.
"El respeto a la Constitución", reza la sentencia, "impone que los proyectos de revisión del orden constituido, y especialmente de aquellos que afectan al fundamento de la identidad del titular único de la soberanía, se sustancien abierta y directamente por la vía que la Constitución ha previsto para esos fines. No caben actuaciones por otros cauces ni de las Comunidades Autónomas ni de cualquier órgano del Estado, porque sobre todos está siempre, expresada en la decisión del constituyente, la voluntad del pueblo español, titular exclusivo de la soberanía nacional, fundamento de la Constitución y origen de cualquier poder político". Y, por tanto, esas cuestiones deben llevarse a cabo mediante una reforma constitucional.
Reacción de Rajoy
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el 9-N puede gustar o no gustar, pero advirtió de que "algo pasa" cuando las decisiones "se toman por unanimidad". Rajoy se expresó en este sentido en respuesta al portavoz de ERC, Alfred Bosch, en la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Nación.
"Lo que más me gusta es que se respete la ley y las decisiones de los tribunales, que a veces nos gustan y a veces no. Cuando las decisiones se toman por unanimidad, si hay doce personas, es que algo pasa", afirmó. Rajoy manifestó de que Mas traslada "un mal mensaje al conjunto de la sociedad" y alertó de las consecuencias "si los gobernantes vamos diciendo que no vamos a cumplir la ley en temas de la importancia de éste".
