El padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Católica José Simeón Cañas (UCA), es muy crítico con las políticas de seguridad del gobierno de su país. Considera que la megacárcel está enfocada en el castigo y no en la reeducación. “A mí me estremeció ver celdas de castigo donde las personas van a estar en total oscuridad, en total aislamiento, durmiendo sobre una tabla de cemento”, explicó.

El Salvador inauguró este enero una nueva prisión de 23 hectáreas de extensión y con capacidad para unas 40.000 personas. El gobierno asegura que es “la cárcel más grande de toda América” y que de ella es “imposible que escape un reo” (en teoría cuenta con tecnología punta para evitar fugas).

Se trata del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), levantado para tener entre rejas a los miembros de las bandas.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acumula una avalancha de cuestionamientos por su estrategia de seguridad. Gracias al régimen de excepción decretado hace un año ha logrado acorralar a las principales organizaciones criminales del país centroamericano, la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18. Pero la embestida contra la delincuencia se ha producido a costa de un intolerable deterioro de los derechos humanos, según las denuncias de varios organismos internacionales, con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y Human Rights Watich (HRW).

El subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, señaló  que El Salvador pasa por una “debacle autoritaria”.

“La debacle autoritaria de El Salvador sólo sería superada por un país con un golpe de estado militar y por el Talibán”, escribió Pappier, quien compartió un hilo de publicaciones del medio El Faro referidas al Informe de Democracia 2023.

Las imágenes de los presos, sin camiseta, con los tatuajes característicos de las pandillas, esposados, agachados y amontonados, han recorrido todo el mundo en los últimos días, con muchos detractores por la falta de humanidad en el trato.