Para el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, persona de análisis finos y ánimo templado, es tiempo de prudencias pero también de previsiones con liderazgo de largas miras, Convocó a la cúpula fiscal catalana para preparar la respuestas por si hay casos de desobediencia civil -las palabras exaltadas de Oriol Junqueras– así como estudiar medidas legales contra aforados si se produce una votación.

En el escenario político, en el caso de Artur Mas, presidente de la Generalitat, el margen de maniobra es cada vez menor. Analistas políticos en Barcelona dijeron a Hechos de Hoy que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) le puso en un brete con su oferta de coalición. El plan del líder de ERC, Oriol Junqueras, es el de gobernar con CiU para asegurarse de que se celebrará la consulta.

En este escenario, Eduardo Torres-Dulce ha rechazado especular sobre una posible suspensión de la autonomía catalana por ser "una decisión estrictamente política" que corresponde al Gobierno, y ha pedido a los políticos que no "interfieran" en las decisiones judiciales ni fiscales. Además, ha asegurado que la Fiscalía actuará "en consecuencia" si se infringe la Ley en Cataluña porque, "sin el armazón de la legalidad, esto sería la jungla".

En una comparecencia en Bilbao celebrada tras la reunión del Consejo Fiscal, se refirió a las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que no descartó la posibilidad de suspender la autonomía catalana para evitar la celebración de una consulta el próximo 9 de noviembre. A su juicio, se trata de "una decisión estrictamente política". "No deja de ser una opinión, ni siquiera un estado de decisión por parte del Gobierno y líbreme Dios de intervenir en terrenos que son de pura disposición del Gobierno", señaló.

En este contexto, indicó que "los políticos que no interfieran, más allá del legítimo derecho de crítica, en las decisiones judiciales y del ministerio fiscal". Eduardo Torres-Dulce afirmó afirmado que "hay una decisión soberana del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de legislar en términos de consulta y de dictar decreto de convocatoria". Tras señalar que son "decisiones absolutamente legítimas que hay que respetar", indicvó que "el Gobierno de la nación tiene todo el derecho a aceptarlas o a impugnarlas con los medios de la Constitución y las leyes le ofrecen".

Cerró todos los debates apuntando que, "en el caso de alguien, ciudadano catalán, vasco, madrileño o gallego, infrinja la ley", y la Fiscalía tenga que actuar, lo hará "en consecuencia".