No ha sido una sorpresa en la Casa Real. Tampoco en medios jurídicos y políticos. La decisión del juez José Castro se produce días después de pedir La Casa del Rey que se cierre pronto la instrucción del caso Nóos, un "martirio" para la institución según dijo Rafael Spottorno en el programa Audiencia abierta.

El anuncio del juez se enmarca también en el enfado del Rey Juan Carlos I, el desconcierto en el Salón del Trono del Palacio Real  durante la Pascua Militar y la preocupación de Don Felipe por un retorno frustrado que agita los debates en torno a la Corona (ver en Hechos de Hoy, el vídeo del fiasco).

El juez tomó la decisión de imputar a la Infanta Cristina de Borbón y Grecia por blanqueo y delito fiscal. La hija del Rey ha sido citada a declarar el 8 de marzo por lavado de capitales generados por los negocios sucios de Iñaki Urdangarin. El juez José Castro sostiene que existen indicios suficientes como para contrastar directamente con la protagonista su versión de los hechos.

En los últimos nueve meses, el juez ha trabajado en reconstruir un retrato de la vida financiera y tributaria de la Infanta después de que la Audiencia bloquease una primera imputación. Investigó en cuentas, tarjetas de crédito, facturas gastos, propiedades y todas las declaraciones fiscales. El titular del juzgado número 3 de Palma ha comunicado la imputación en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre las presuntas actividades corruptas del Instituto Nóos, que presidió el marido de la Infanta.

Esta es la segunda ocasión en la que José Castro la cita como imputada. Cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013 suspendió poco después la citación al presentar la Fiscalía Anticorrupción recurso ante la Audiencia Provincial. La Audiencia dejó sin efecto la imputación pero apuntó nuevas líneas de investigación para averiguar si la Infanta pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria al 50 % junto a su esposo.