La primara valoración del interrogatorio del juez José Castro a la Infanta Cristina de Borbón y Grecia indica que actuó siempre con total confianza en las acciones de su marido, Iñaki Urdangarin.

El juez indagó a fondo sobre la actividad de Aizoon (la empresa al 50% que tenía con su esposo). Cristina, la hija menor del Rey, declaró que sabía que su padre le había dicho a su marido que se apartara de los negocios de Nóos. Lo que se conoce de la primera parte de este histórico interrogatorio, como se señaló Hechos de Hoy, refleja que la Infanta contestó con evasivas, negando conocimiento, y respondiendo sólo, según los abogados, a una pequeña parte del aluvión de preguntas del juez.

La Infanta Cristina decidió evitar el paseíllo y sonrió, en gesto demasiado exagerado, en el momento de llegar en coche y entrar en los juzgados. Sólo dijo "buenos días", su única declaración. Es un día muy largo en el que desde primera hora se están produciendo muchas especulaciones. A la valoración final de juez, y los abogados de la Infanta, se insiste en que de una vez Cristina de Borbón y Grecia tendrá que tomar una decisión entre ser la Infanta de España o la esposa de Iñaki Urdangarin.

Eso significa que tendrá que analizar la conveniencia de renunciar a sus derechos dinásticos -la séptima en la línea de sucesión- y al título que el Rey le concedió al casare con Iñaki Urdangarin. La Infanta ya no puede ignorar el daño que ha causado a su padre, el Rey; a la Corona: y a su hermano, llamado a suceder a Juan Carlos I como Felipe VI. En el despacho del juez José Castro habrá comprendido el efecto devastador del caso Nóos. Si aún no sabe en qué silla debe sentarse, muy posiblemente el Rey deba adoptar decisiones que ya se urgen en la opinión pública.

La cronología de los últimos acontecimientos en el caso Nóos, en 20014, es la siguiente:

Febrero

– 8 de febrero. La Infanta Cristina declara ante el juez Castro como imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero.

– 6 de febrero. La Fiscalía Anticorrupción pedirá a la Infanta Cristina 600.000 euros de responsabilidad civil a título lucrativo. Tendría que abonar esta cantidad si Iñaki Urdangarin es condenado.

Enero

– 31 de enero. El juez decano de Palma autoriza a la Infanta a acceder en vehículo ante la "previsión efectiva de grupos hostiles" y un "clima de tensión social".

– 30 de enero. El informe de la Policía Nacional recomienda que la infanta acceda en coche a los juzgados y no a pie.

– 28 de enero. Castro confirma que la declaración de la Infanta solo se grabará en audio y prohíbe los teléfonos y ordenadores.

– 25 de enero. Los tres inspectores de Hacienda niegan que la infanta cometiera delito fiscal y presiones.

– 16 de enero. El juez cita a declarar a los tres inspectores de la Agencia Tributaria que pedía el fiscal Pedro Horrach.

– 15 de enero. El fiscal pide la comparecencia de los tres inspectores de Hacienda cuyo trabajo cuestiona el juez en un escrito en el que acusa a Castro de basarse en una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta.

– 14 de enero. El juez Castro adelanta al 8 de febrero la declaración como imputada de la infanta

– 11 de enero. La defensa de la Infanta anuncia que no recurrirá la imputación y que Doña Cristina desea declarar "cuanto antes".

– 7 de enero. El juez Castro imputa por segunda vez a la Infanta Cristina por los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Todo comenzó el 22 de julio de 2010 cuando el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, abrió una pieza relativa al Instituo Noós, sobre los convenios firmados en 2005 y 2006 con la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur).