La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, considera en el informe que remitió el martes al Tribunal Supremo, a petición del magistrado Pablo Llarena, que la causa que investiga en relación con el proceso secesionista de Cataluña se debe acumular en un sólo tribunal.

Aunque no se pronuncia sobre la competencia de la Audiencia Nacional, la presencia de aforados en la causa que se sigue contra la Mesa del Parlament abocaría a que esa única investigación quedara en manos del Tribunal Supremo.

La magistrada cree que toda la causa debe ser investigada en un único tribunal "porque se está investigando a los miembros de una compleja organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario".

Lamela entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa "dificultaría enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados".

"La investigación conjunta de los hechos y de su partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia", concluye la jueza.

El informe fue solicitado por el magistrado Pablo Llarena para resolver sobre la acumulación a la causa que éste instruye en el Tribunal Supremo contra seis exmiembros de la Mesa del Parlament de la que se sigue en la Audiencia Nacional contra los exmiembros del Govern y los responsables de ANC y Òmnium.

A lo largo de 35 folios, la jueza desgrana todos los pasos dados en la investigación, desde la declaración de Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium) y el mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, hasta la encarcelación de ocho miembros del Gobierno catalán.

Explica cómo se sustancia ese reparto de tareas entre los investigados. A los jordis los sitúa como ideólogos del proceso que contaron con la colaboración de la policía autonómica, en especial durante la jornada del 1 de octubre, en la que se celebró el referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

Sobre ellos dice que se ocuparon de "movilizar" a los ciudadanos para crear "un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado" y "justificar" así "la desobediencia" a las leyes estatales y "respaldar la consecución de los fines secesionistas".

Insiste también en "la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat". La magistrada avisa, por tanto, de que "hay otro conjunto de personas que han colaborado" y el grado de esa colaboración o su misma pertenencia a la organización "debe ser objeto de investigación".

La Fiscalía, por su parte, se opone a que el Tribunal Supremo asuma la totalidad de la investigación sobre el delito de rebelión en el que podrían haber incurrido los organizadores del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y los promotores de la declaración de independencia.

Hasta ahora el Supremo investiga a la Mesa del Paralament por permitir la tramitación de la declaración unilateral de independencia, mientras que los exmiembros del Gobierno catalán tienen una causa abierta en la Audiencia Nacional.