El juez Villegas ve que hay indicios de una organización gánster en La Moncloa y PSOE. Las mentiras del Gobierno sobre las citas de Leire con la directora de la Guardia Civil acorralan a Marlaska. Sánchez, en la cumbre de la Unión en Montenegro dijo que no sabe nada.
El Poder Judicial estalla
En los hechos de hoy, viernes 5, Pedro Sánchez pasó en la cumbre de la Unión en Montenegro del ataque en tromba al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo a un nuevo volantazo al reconocer por primera que algo ha pasado aunque él no sabe nada.
Como destacó Hechos de Hoy, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y a Leire Díez en el centro de una presunta trama destinada a proteger al Gobierno de Pedro Sánchez frente a investigaciones que pudieran afectarle. Según el sumario del denominado caso Leire, fue Cerdán quien habría encargado a Díez la realización de diversos trabajos utilizando para ello la estructura del partido.
La investigación sostiene que ambos habrían liderado una estrategia orientada a desacreditar o neutralizar pesquisas consideradas perjudiciales para el Ejecutivo. Las revelaciones han generado una fuerte reacción en distintos ámbitos jurídicos.
En este contexto, el juez Jesús Manuel Villegas ha calificado los hechos que se desprenden del sumario como de una “gravedad absolutamente descomunal”. Según explica, las actuaciones descritas apuntarían a una estructura organizada con capacidad para influir en instituciones del Estado y presionar a quienes participaban en investigaciones sensibles.
Villegas considera que las diligencias deberían ampliarse para determinar hasta dónde alcanzaban las responsabilidades dentro de la cadena de mando. A su juicio, resulta necesario esclarecer si determinadas actuaciones pudieron desarrollarse sin conocimiento de instancias superiores.
El juez también se ha referido a las críticas vertidas en los últimos días contra jueces y tribunales. Defiende la legitimidad de cuestionar resoluciones judiciales, pero rechaza las acusaciones que atribuyen a los magistrados motivaciones políticas. “No se puede sostener que los jueces estén actuando más allá de su deber profesional para hacer política”, afirmó.
Otro de los aspectos abordados ha sido la campaña de desprestigio sufrida por la juez Beatriz Biedma, instructora de una de las causas relacionadas con el entorno del Gobierno. Villegas denunció la difusión de imágenes manipuladas y ataques personales contra la magistrada, calificando estas actuaciones de “absolutamente inaceptables”.
Asimismo, reclamó una respuesta más contundente por parte del Consejo General del Poder Judicial para respaldar públicamente a los jueces que se encuentren sometidos a campañas de presión o descrédito. Según señaló, la defensa de la independencia judicial requiere una actuación firme de las instituciones ante situaciones de este tipo.
