La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por personalidades de 17 países, dio a conocer su informe, titulado "Hacia un cambio de paradigma", con el propósito de ofrecer una visión particular a la hora de afrontar el problema de las drogas en toda la región. Comandada por los expresidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso; México, Ernesto Zedillo, y Colombia, César Gaviria, la Comisión plantea principalmente que, debido al fracaso de la estrategia centrada en la represión ante las sustancias ilegales en América Latina, la prioridad de los gobiernos debe ser la prevención, el tratamiento y la reducción de daños para el conjunto de la sociedad, los individuos, las familias y las instituciones.

El informe explica que los avances en la región hechos por diversos países en la legislación o en las formas prácticas de tratar el tema, así como las declaraciones públicas realizadas por líderes políticos, aunque representen pasos importantes, todavía son "insuficientes". Los gobiernos y las sociedades de América Latina "deben profundizar el debate sobre el fenómeno de las drogas".

El caso de Europa

Como alternativa al modelo actual, la Comisión propone fijarse en el caso de Europa, cuyo enfoque en la despenalización o en la descriminalización del consumo, en el tratamiento de las personas adictas, en la prevención de efectos secundarios extremamente maléficos (como utilización de jeringas contaminadas que vehiculan enfermedades contagiosas, como el VIH), se ha mostrado "más eficaz y humano".

El escrito destaca que varios países latinoamericanos implementaron políticas de despenalización de posesión de drogas para uso personal, entre ellos Uruguay, Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil. El organismo valora también que en la región ha crecido nuevas formas de pensar y obrar en la lucha contra las drogas con foco en los derechos humanos, en el respeto a las culturas ancestrales y en la búsqueda de nuevos tipos de cultivos y de usos alternativos.

Medidas futuras

Para concretar el cambio de paradigma, Cardoso, Zedillo, Gaviria y todos los participantes proponen que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas, empezando por transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.

Además, se destaca la necesidad de evaluar con un enfoque de salud pública, y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica, la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal. Igualmente, reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

Entre las sugerencias de la Comisión sobre Drogas y Democracia, se añade la sugerencia de focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado, y reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas. Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas.

La opinión pública y Obama

En el documento no se elude la importancia de impulsar a Latinoamérica como portavoz de las injusticias e irregularidades derivadas de la mala gestión de los gobiernos antes el problema de las drogas. Para el grupo, los países de la zona deben avanzar en la articulación de una voz y visión capaz de influir en el debate internacional sobre drogas ilícitas, "sobre todo en el marco de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas".

Según se afirma, "esta participación activa de América Latina en el debate global marcaría la transición de región-problema a la de región-pionera en la implementación de soluciones innovadoras para la cuestión de las drogas". 

Mirando más allá, el deseo es establecer un diálogo con el gobierno, congresistas y la sociedad civil de Estados Unidos para desarrollar en forma conjunta alternativas a la política de guerra contra estas sustancias. En ese sentido, la llegada de la nueva administración de Barack Obama "representa una oportunidad propicia para la revisión en profundidad de una estrategia que ha fracasado y la búsqueda en común de políticas más eficientes y más humanas".

Como conclusión, la Comisión estima que la construcción del bien común "exige soluciones valientes que sólo pueden ser desarrolladas por un debate abierto que fortalezca la disposición a experimentar nuevas soluciones". Se trata de un tema "complejo" que "exige la movilización de las más diversas áreas de conocimiento y de la acción coordinada de varias instituciones y de políticas públicas".

En esta discusión "deberán participar parlamentos, gobiernos, poder judicial, órganos de seguridad pública, especialistas del sector de la salud y organizaciones de la sociedad civil, para un diálogo abierto e informado, que transcienda los intereses corporativos". Para los participantes en esta iniciativa "un problema complejo exige la movilización de los más diversos saberes e instituciones, que traten el problema a través de políticas integradas".