Prisión eludible con fianza de 60.000 euros para el alcalde de Parla, José María Fraile (PSOE); su jefe de gabinete, Antonio Borrego; y el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); y con una caución de 25.000 euros para Antonio Cándido Ruiz, empleado del supuesto "conseguidor" David Marjaliza.
Así lo dictó el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en unas medidas que adaptó a petición del fiscal Anticorrupción Carmen García y después de más de ocho horas de interrogatorios en los que tomó declaración a doce de los 35 detenidos en la trama de amaño de contratos desarticulada con la Operación Púnica, de la que también formaba parte el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, tal y como informó Hechos de Hoy.
Por el contrario, Velasco dejó en libertad bajo fianza de 40.000 euros al alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, y al responsable de Obras Públicas de Parla, Avelino Pérez Pallarés. Este último tendrá que depositar 20.000 euros y ambos tienen diez días para abonas dichas cuantías y evitar su ingreso en prisión.
Además, dejó en libertad sin medidas cautelares a otras seis personas: el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez (PP); el consejero de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás; el técnico del Instituto de Turismo de Murcia Jesús Galindo Sánchez; el empresario Francisco Ruiz Valenzuela; el técnico de Serranillos del Valle Marco Durán y el concejal de Móstoles Alejandro Utrilla Palombi.
En el caso de Parla, el juez investiga los contrarios que la empresa Cofely, filial del grupo multinacional francés GDF Suez, firmó con el Ayuntamiento. Según una noticia publicada en la web de la compañía que fue borrada tras la operación, el Ayuntamiento adjudicó en julio de 2013 un contrato de "servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos)" por valor de 54,7 millones de euros y una duración superior a 15 años.
Hay que recordar que Velasco tenía previsto interrogar este miércoles a 17 de los 35 detenidos aunque poco antes de las 21:00 horas decidió aplazar la declaración de cinco de ellos y ordenó su ingreso por orden judicial en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Se trata del director general de Cofely, Didier Maurice; el director comercial de la compañía, Constantino Álvarez de la Cueva; y otros tres empleados de Marjaliza: Eduardo de la Peña, José Luis Huertas y Antonio Serrano.
Este jueves declaran junto a otros doce detenidos, para los que el juez dictó la orden judicial de prisión. A ellos podría sumarse el guardia civil detenido este miércoles por avisar a Granados de la operación. Los cinco detenidos restantes quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil.
Según fuentes judiciales, Velasco preguntó a los imputados si Granados influía o mediaba en la adjudicación de contratos públicos y si se llevaba a cambio un porcentaje de hasta el tres por ciento de cada uno. Asimismo, también quiso saber si los alcaldes se llevaban ese porcentaje por cada una e las adjudicaciones que se concedían y si los empresarios las pagaban.
La trama, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos: PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA. La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios.
Entre los detenidos se encuentran un total de 17 cargos relacionados con la política municipal y regional, tres funcionarios de varios ayuntamientos madrileños y 14 empresarios. A todos ellos se les imputan los delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude contra la administración y organización Criminal.
