Argentina ya está dando los primeros pasos en su investigación por delitos de lesa humanidad contra ETA. Tras admitir la querella presentada por la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, el juez Rodolfo Canicoba remitió a España un "exhorto internacional" en el que reclama a las autoridades políticas y judiciales todos los datos que posean sobre investigaciones similares.
Concretamente el exhorto internacional se tramita una causa a raíz de una denuncia formulada el 21 de septiembre de 2015 por la asociación española de víctimas Dignidad y Justicia contra 41 personas. Asimismo, añade que conforme a las disposiciones del tratado de extradición y asistencia jurídica en materia penal suscrito entre ambos países, libra esta requisitoria al órgano judicial con competencia en esta materia en España, que es la Audiencia Nacional.
el juez de Argentina explicó que la querella presentada por Dignidad y Justicia tiene por objeto promover ante los tribunales argentinos por aplicación de la justicia universal "la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los hechos que tuvieron por víctimas a 379 españoles, quienes han sufrido asesinatos y masacres de lesa humanidad, de los que 377 habrían quedado impunes".
En particular Dignidad y Justicia solicita que se investiguen los asesinatos de los concejales del PP José Luis caso y Manuel Zamarreño el 11 de diciembre de 1997 y el 25 de mayo de 1998 respectivamente en Guipúzcoa.
El juez relata que conforme se expone en la denuncia "ambos habrían sido amenazados con el objeto de lograr su expulsión de la comunidad vasca y asesinados ante su negativa".
Añade que "ello como parte de la política de persecución de ETA y en particular como consecuencia de la estrategia del socialización del sufrimiento implementada a partir de que la Mesa Nacional del posteriormente disuelto partido político HB ligado a ETA aprobara en 1994 la ponencia Oldartzen, todo lo cual les otorgaría el carácter de delitos de lesa humanidad".
El magistrado argentino explicó que dicha asociación alega que "los tribunales españoles, a pesar de admitir que los crímenes atribuibles a ETA integran esta categoría se niegan a perseguir aquellos ocurridos con anterioridad al 1 de octubre de 2004, fecha de entrada en vigor de las específicas figuras de lesa humanidad incorporadas al Código Penal español".
El juez de Argentina solicita a las autoridades judiciales españolas que informen de si han investigado estos hechos y en caso afirmativo que le remitan copias de las actuaciones. En el caso de que no se hubieran desarrollado investigaciones que informen de cuál ha sido la razón y remita, si los hubiere, copia de los pronunciamiento judiciales u otros actos administrativos que dieran cuenta de esta decisión.
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