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PEDRAZ PERMITE EL ACTO

Ángeles Pedraza ve en el acto de Durango “una indecencia y una vergüenza”

La presidenta de la AVT lamenta que España trate de dar en Europa una imagen de recuperación económica y renuncie a proyectarla en el ámbito de la moral y la ética.

Hechosdehoy / UN
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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz denegó este sábado, tal y como le había solicitado la Fiscalía, la solicitud de prohibición de la asociación Dignidad y Justicia en relación con el controvertido acto convocado en Durango (Vizcaya) en el que está previsto que participen 63 miembros de ETA excarcelados tras la anulación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, considera que el acto de homenaje a los presos de ETA liberados tras la derogación de la doctrina Parot constituye "una indecencia y una vergüenza, no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad y el Estado español". En declaraciones a Servimedia, Pedraza lamentó que España se limite a tratar de dar en Europa una imagen de recuperación económica y renuncie a proyectarla en el ámbito de "la moral, la ética y la decencia", donde cree que "la estamos perdiendo".

"Es importante que estemos juntos en Europa dando la cara no sólo para salir de la crisis, sino también para no ver imágenes inedecentes como las que vamos a ver hoy" en el acto de Durango, puntualizó. En dicho homenaje, recalcó, no se verá sólo la foto de 63 asesinos libres, sino la de "309 de los nuestros que ya no están".

La presidenta de la AVT cree que la Fiscalía no ha actuado correctamente al solicitar al juez Santiago Pedraz que permita la celebración del acto, ya que el artículo 578 del Código Penal tipifica como delito la humillación a las víctimas "y no cabe mayor humillación" que este homenaje.

"No han hecho nada ni jueces ni fiscales, que últimamente se ponen siempre del lado de los terroristas, pero si no les hubieran dejado libres no tendría que haber actuado nadie", concluyó Pedraza, en una crítica velada al Gobierno por no haber puesto los medios para impedir la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desautorizó la aplicación retroactiva de la doctrina Parot.

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