Acertó Pablo Casado al proponer a Pedro Sánchez, en el último debate en el Congreso de los Diputados, abrir un proceso de diálogo para renovar los órganos constitucionales caducados.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, están negociando directamente este proceso de renovación. Ángel Gabilondo será el nuevo Defensor del Pueblo. Es el primer acuerdo y supone devolver a Ángel Gabilondo su dignidad tras ser arrastrado por Pablo Iglesias a una dura batalla en la Comunidad de Madrid que sacó a los dos de la política.
Ángel Gabilondo sucederá Francisco Fernández Marugán. Las negociaciones siguen abiertas para desbloquear todos los organismos constitucionales excepto, por el momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pablo Casado sostiene que el Gobierno se comprometa a cambiar el sistema de elección del CGPJ, para que sean los propios jueces los que elijan y no los partidos. La petición del Partido Popular apoya el criterio de la Unión Europea, el Consejo de Europa y las principales asociaciones de jueces para despolitizar la Justicia.
PSOE y PP están avanzando en acuerdos para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Hay reuniones presenciales en el Congreso y contactos telefónicos.
PSOE y PP están de acuerdo en el perfil de la renovación: perfiles técnicos e independientes -sin políticos ni expolíticos- en el caso del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas, y un nombre de cariz más político en el Defensor del Pueblo.
PP y PSOE han acordado así que el exministro de Educación y exportavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea quien sustituya a Francisco Fernández Marugán, exdiputado socialista de 75 años que ejerce este cargo en funciones desde julio de 2017, tras dejar el puesto la exdiputada del PP, Soledad Becerril, al cumplir su mandato de cinco años.
En el PP se subraya que es compatible acordar la renovación institucional con criticar la normalización de la izquierda abertzale por parte del Gobierno y exigir a Pedro Sánchez que rompa con EH Bildu
