El juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú, dictó este jueves una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006). Se enfrenta a un encarcelamiento por 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Así, el magistrado declaró fundada la petición de prisión preventiva solicitada por el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, quien imputa al exmandatario los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Toledo se encuentra fuera de Perú. Los investigadores saben que el pasado fin de semana estuvo en París, pese a que su residencia habitual está en Estados Unidos, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford (California).
Dicha circunstancia fue uno de los motivos que detalló el juez para ordenar el ingreso en prisión de Toledo una vez que pueda ser detenido. Otras razones se centraron en la complejidad del caso y la gravedad de los delitos imputados, con penas de al menos cuatro años de prisión.
Asimismo, explicó que los "elementos de convicción existentes" son suficientes y "respaldan con alto grado de fiabilidad" las acusaciones contra el expresidente.
Por ende, el magistrado no dudó en rechazar la solicitud realizada por el abogado de Toledo, el excongresista Heriberto Jiménez, para que el expresidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en el juzgado, en lugar de tener que permanecer en prisión mientras continúa la investigación.
Según el fiscal Hamilton Castro, Odebrecht y Toledo acordaron el pago de 20 millones de dólares en favor del mandatario si lograba la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.
A cambio, Alejandro Toledo se encargaría de que dichos plazos no se postergaran y que se pudieran modificar las cláusulas del contrato para impedir la competencia empresarial de la obra, adjudicada por 1.184 millones de dólares, y con un coste final de 2.346 millones de dólares, según la Contraloría (tribunal de cuentas).
De esos veinte millones de dólares en sobornos, la Fiscalía tiene identificados alrededor de nueve millones de dólares pagados entre 2006 y 2010 en cuentas de empresas offshore de Josef Maiman, "el empresario peruano-israelí que hizo de testaferro del presidente", indicó Castro.
Toledo se convirtió así en la primera figura política peruana inculpada por el caso Odebrecht, cuyos responsables confesaron a la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares a funcionarios de Perú entre los años 2005 y 2014.
