Debate en el Congreso un mes después de los graves incidentes en Madrid tras las llamadas Marchas por la Dignidad, asunto que recogió Hechos de Hoy. Fue un balance de 67 policías y 34 manifestantes heridos en un escenario desolador de guerrilla urbana con graves destrozos y escenas de alarma en el corazón de Madrid.
En su comparecencia en el Congreso, el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció el relevo del jefe de la primera unidad de intervención policial (UIP), la unidad antidisturbios de Madrid, Javier Virseda, por lo que calificó de "fallos de coordinación, comunicación y ejecución" en el dispositivo que se montó.
Ignacio Cosidó ofreció su propia versión. "No hubo fallo en el diseño operativo, pero sí hubo algunos fallos de coordinación y comunicación en el transcurso de los acontecimientos, que impidieron que llegaran a los agentes las informaciones adecuadas", señaló destacando además que al no llegar la información de manera rápida "al núcleo central del conflicto, provocó un número de heridos inaceptable".
Insistió en que la responsabilidad fue exclusiva de Javier Virseda, el tercer mando implicado -detrás del jefe de la UIP de toda España, José Miguel Ruiz Igusquiza, y del comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona-. Virseda, jefe de los antidisturbios de Madrid, llevaba sólo unos meses en el cargo. Tanto la oposición como los sindicatos policiales aseguraron que la destitución del jefe de los antidisturbios no cerraba el debate.
Ignacio Cosidó aportó además el dato interesante de que de los 25.461 actos de protesta y manifestaciones celebradas en 2013, hubo intervención policial sólo en el 0,1%. Es decir, la mayoría de las manifestaciones discurrieron de forma pacífica
El director general de la Policía, quien facilitó estos datos al Congreso, tuvo razón por tanto cuando afirmó que la inmensa mayoría de las manifestaciones discurren pacíficamente. Sin embargo, el 2 de marzo se produjeron graves incidentes por cientos de radicales organizados con tácticas de guerrilla urbana. Hubo 67 policías heridos al quedar aislados frente al ataque de los radicales. No fueron auxiliados pese al despliegue de 1.700 policías, uno de los más importantes conocidos en Madrid.
La verdadera cuestión de todo ello lleva a indagar sobre el nivel de información y prevención ante grupos radicales pequeños pero con capacidad de una violencia hasta ahora no conocida. Controlar y aislar a estos radicales, que practican la guerrilla urbana, interesa de forma prioritaria al director general de la Policía, al ministro del Interior y al Gobierno. Pero también es cuestión que incumbe a los ciudadanos. Es un derecho el poder manifestarse públicamente pero también una obligación el rechazar una violencia que pone en peligro la convivencia. Son las lecciones de fondo de los sucesos del 22-M por encima del cese anunciado.
