La UDEF está investigado la trama de Zapatero para la venta de oro y petróleo. La UCO implicó al PNV. Nervios en La Moncloa ante el día en que Begoña Gómez debe entregar su pasaporte. Ya se huele a miedo en el entorno y los círculos del presidente del Gobierno.
El aviso de Aldama a Zapatero. Aldama pone contra las cuerdas a Sánchez como destacó Hechos de Hoy. “Hay una foto que le compromete”. El empresario asegura que la imagen y varios vídeos ya han sido aportados a la causa, pero afirma que no están relacionados con el caso Plus Ultra. Amplia atención en la cadena COPE y los vídeos de sus analistas.
En los hechos de hoy, martes 23, asuntos en primera línea:
1. El PNV admite reuniones con miembros del Gobierno por Tubos Reunidos y el PP reclama más explicaciones.
2. Zapatero cuestiona el origen de las primeras evidencias del caso Plus Ultra y amenaza con pedir la nulidad de pruebas clave.
3. La Guardia Civil detiene a seis personas por corrupción tras el registro en el Ayuntamiento socialista de Soria. Investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apunta de nuevo a la nulidad del origen del caso Plus Ultra. Cuestiona la validez de las pruebas del caso y denuncia una posible vulneración de derechos por la falta de trazabilidad del móvil intervenido a Rodolfo Reyes.
Por su parte Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, explicó cómo los agentes de la Policía Nacional que investigan la trama de corrupción que gira en torno a José Luis Rodríguez Zapatero.
Están buscando la identidad de un socio africano que la red del expresidente del Gobierno tenía montada a través de testaferros para comercializar oro.
Caso Sepi
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que las gestiones de la trama Leire en favor de Tubos Reunidos no se limitaron a recurrir al PNV para intermediar -o presionar- en la concesión del rescate público de 112,8 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la mercantil.
En un nuevo informe al que ha tenido acceso La Razón, los investigadores explican que la empresa recurrió a la trama formada por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, para desbloquear fondos retenidos por la entidad pública a cambio de una comisión.
Las trincheras que rodean el búnker
La condena a 24 años de prisión de José Luis Ábalos no cerró uno de los capítulos más tormentosos del sanchismo. Al contrario. El Gobierno reaccionó oficialmente con una escueta nota en la que dijo condenar “sin matices” unos comportamientos incompatibles con la transparencia y la integridad pública. Pero en el Consejo de Ministros, la sentencia se interpretó como algo más que el castigo a un exministro.
La resolución del Tribunal Supremo refuerza la convicción en el entorno de Pedro Sánchez de que existe un creciente “golpismo judicial”. Es decir, una operación de jueces para derribar al Gobierno.
Es el relato oficial de Sánchez a sus ministros y a la llamada sincronizada (los medios oficialistas y afines al sanchismo en todos los escenarios mediáticos). Sánchez ha mandado cavar nuevas y profundas trincheras en torno al búnker.
Ataque a Ayuso desde Moncloa y Consejo de Ministros
En el Palacio de La Moncloa, tras el Consejo de Ministros, las instrucciones fueron claras a la portavoz, Elma Saiz. Ataque sin piedad contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El ministro Óscar López, que es a la vez líder del PSOE de Madrid, negó las responsabilidades políticas tras la decisión del Tribunal Supremo.
“Quienes creemos en la política, en la democracia y en la separación de poderes sabemos que, lamentablemente se dan casos de corrupción en política (…). Lo más importante es tener muy claro que el que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso. El que la hace la paga”, afirmó López, equiparando a un exministro condenado a 24 años de prisión por pertenencia a organización criminal, tres delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos con la presidenta de la Comunidad de Madrid que no está imputada en ninguna causa judicial.
En su viaje a Bruselas, Sánchez activó de nuevo su persecución política contra la presidenta. Exigió responsabilidades a Feijóo. “Si se ejerce de Torquemada, habrá que serlo para lo bueno y para lo malo. Y entiendo que ese nivel de exigencia que nos practica a todos también lo practicará él dentro con las noticias que acabamos de conocer, por ejemplo, de la pareja de la señora Ayuso ¿O no?”, se preguntó.
La maldita hemeroteca de Bolaños y alarma muy intensa
Para el Félix Bolaños de 2024, lanzar un mensaje de protección a quienes denunciaban la corrupción era una prioridad democrática incuestionable.
“El mensaje que enviamos con esto es un mensaje muy contundente: quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno de España y quien colabora para perseguir el delito, cuenta con el reconocimiento y con el apoyo del Gobierno de España”.
El escenario hoy es totalmente diferente en La Moncloa.
Se huele el miedo a que algunos de los protagonistas de las distintas tramas concluyan que su mejor salida pasa por colaborar con la Fiscalía. Tienen que actuar rápido porque en la carrera de delaciones gana el que antes aporte nueva información.
El Gobierno actúa además en el frente institucional. La reacción apresurada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para analizar el auto del juez Juan Carlos Peinado mostró llamadas y presión de La Moncloa
