Ha sido una batalla muy enconada con movilizaciones sobre todo en Madrid y Barcelona frente a la iniciativa que surgió en San Francisco, una aplicación de transporte que pone en contacto de forma online a usuarios y conductores para realizar viajes por carretera
Uber abrió en España bajo la fórmula Pop, un servicio similar al que en Estados Unidos con la marca Uber X. Se vivió de forma pionera en Barcelona, y luego en Madrid y Valencia. La contestación del sector del taxi fue inmediata en las tres ciudades. Pero sólo en Madrid -asunto que destacó Hechos de Hoy– hubo una demanda en el juzgado que paró los planes de Uber.
La compañía confirmó que suspende temporalmente su actividad en España tras recibir la sentencia formal que le prohíbe dar servicio. "Hrecibido la sentencia formal y, en cumplimiento con la orden del Juzgado de lo Mercantil y en respeto a la ley, hemos suspendido temporalmente uberPOP en España", confirmó su responsable en el país, Carles Lloret, en un post publicado en su web.
Lloret explicó que la compañía suspende su actividad mientras apela la sentencia y evalúa "nuevas opciones para dar a los españoles acceso a viajes seguros y cómodos". Apuntó que durante el tiempo en el que la aplicación esté fuera de servicio la compañía colaborará para desarrollar el "nuevo y necesario marco regulatorio" que permita crear "un espacio justo para Uber y la economía colaborativa".
Recordó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dejado claro que las restricciones de transporte actuales "son contrarias a la competencia y restringen la entrada de nuevos agentes en el mercado en perjuicio de los consumidores". Añadió que la CNMC también ha puesto de manifiesto la necesidad de regular la economía colaborativa a favor de los consumidores. "Colaboraremos con el grupo de trabajo del Gobierno de España para desarrollar una regulación moderna para los nuevos servicios habilitados por la tecnología", destacó.
El pasado 9 de diciembre el Juzgado de lo Mercantil número 2 ordenó el cese y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber, con lo que estimaba las medidas cautelares propuestas por la Asociación Madrileña del Taxi. El juez aceptó la medida al constatar que los conductores contratados carecen de autorización administrativa alguna para desarrollar la labor y la actividad que llevan a cabo supone competencia desleal.
En la resolución, el juez aclaraba que no se trata de una cuestión de debate filosófico sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino "una protección cautelar basada en la legalidad vigente". La semana pasada, el mismo juzgado instó a las operadoras de telecomunicaciones a cerrar "de forma inmediata" la página web de Uber en cumplimiento de la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre.
