La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó este miércoles un decreto en el que se confirman la retirada provisionalmente de las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la administración autonómica a la Consejería de Fomento y Vivienda, gobernada por Izquierda Unida.
Un llamativo paso que deja al descubierto la crisis sin precedentes en la coalición de Gobierno de la Junta justo al cumplirse dos años del pacto. Y es que Díaz llevó a cabo esta medida tras desobedecerse la orden de que no fueran alojadas en pisos de la Junta diez familias okupas de Sevilla que habían sido desalojadas por orden judicial.
Hay que recordar que Fomento comenzó a entregar llaves a eso de las 21.30 horas. Solo una hora después Susana Díaz ordenaba el decreto para retirarle las competencias. Y es que lo que empezó por una discrepancia entre fuerzas políticas ha acabado con una disputa que tendrá unas consecuencias impredecibles.
Asimismo, la posibilidad de que la crisis de gobierno derive en una ruptura del pacto y provoque un adelanto electoral fue descartada por el momento por ambas partes. “Esperaremos a conocer el decreto”, aseguró el portavoz de IU, José Antonio Castro.
Toda esta polémica surgió mientras la consejera de Fomento, Elena Cortés se encontraba de viaje en Colombia aunque la raíz del problema se originó cuando fueron desalojados por la Policía en Sevilla los vecinos de 22 viviendas de un bloque de pisos conocido como la Corrala de la Utopía, perteneciente a Ibercaja, que ocupaban desde mayo de 2012.
Y es que el desalojo cogió por sorpresa a todos ya que desde hace algún tiempo Fomento intentaba una solución e incluso estaba a punto de firmar un acuerdo con la entidad bancaria. El viceconsejero de Fomento anunció una solución tras fracasar los intentos de un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla.
Dicha solución estaba en alojar a diez familias en pisos vacíos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) de la Junta y el resto en viviendas privadas que Fomento subvencionaría. Desde Presidencia se advirtió de que esta solución no era posible porque contraviene la legalidad sobre adjudicación de viviendas públicas y se dio orden de que no se ejecutara.
El día antes Susana Díaz se comprometió por escrito con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a que cualquier solución estaría dentro de la legalidad. Zoido criticó la opción de IU asegurando que “una patada a la puerta no se puede utilizar como un antecedente para que se le asigne vivienda a alguien cuando hay otros que tienen el mismo o más derecho”.
