La Moncloa, la casa de los líos o de las chapuzas, o el escenario del derrumbe y cascotes de lo que era hasta ahora la fortaleza inexpugnable de Frankenstein (la alianza estrecha de PSOE, Podemos, Unidas Podemos, Bildu y ERC).
Una gran sorpresa para el primer ministro y su aliado de referencia, Esquerra Republicana de Cataluñs.
Oriol Junqueras seguirá sin poder ocupar un cargo público antes del año 2031. La reforma del Código Penal -que deroga el delito de sedición y rebaja la malversación- no ha servido para que pueda presentarse como candidato en próximas elecciones.
Explosivos hechos de hoy. Lo ha confirmado este lunes la Sala Penal del Tribunal Supremo tras revisar la sentencia sobre el golpe del 1-O (el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, también conocido como 1 de octubre y por el numerónimo 1-O) después de la reforma del Gobierno. El Tribunal Supremo descarta una rebaja de penas al mantener el delito de malversación en su modalidad agravada.
Por lo tanto mantiene los 13 años de inhabilitación, en el caso del exvicepresidente del Govern, y 12 en de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. A Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sí les condena por desórdenes públicos agravados.
¿Quien dijo que todo había quedado resuelto en Cataluña por el sanchismo?
ERC, en palabras de su secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, ha censurado con extrema dureza el sistema judicial español. Lo criticó por estar “dando un golpe” a la democracia, con una interpretación “arbitraria” del Tribunal Supremo que “hace caso omiso” de la reforma del Código Penal aprobada en las Cortes Generales.
El propio Junqueras ha acusado al Tribunal Supremo de “retorcer la interpretación del Código Penal”. “Guiado por el ánimo de la venganza y de la voluntad política, el mismo tribunal decide aplicar el Código Penal como lo había redactado el PP para perseguirnos a nosotros”, afirmó.
Junqueras ha señalado que la reforma del Código Penal que ERC pactó con el Gobierno “sirve para proteger a todos aquellos que defienden los derechos humanos, las libertades fundamentales y la disidencia ante los abusos de poder”. “El mismo Tribunal Supremo reconoce que, a partir de esta reforma del Código Penal, el independentismo no podrá ser perseguido a no ser que actúe de manera explícitamente violenta, por lo tanto es un éxito la reforma”.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado que el Tribunal Supremo tiene “voluntad de venganza y no de justicia” y ha confiado en que los tribunales europeos “corregirán” su sentencia sobre los líderes del proceso independentista.
“Desgraciadamente, hemos conseguido acordar la modificación del Código Penal, pero no hacemos de jueces. Y ha habido una interpretación muy forzada del Código Penal. La sensación es que hay una voluntad de venganza y no de justicia del Tribunal Supremo“.
El expresidente prófugo de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado el fallo sobre el procés para atacar al Govern y al Gobierno de PSOE y Podemos al considerar un “error” negociar con el Estado “en solitario, en secreto y sin mediador”. “Si se tienen que hacer tratos con los españoles hay que tomar todas las precauciones posibles”, advirtió.
Tras la tormenta de la Ley Montero, el peor escenario. Porque el Tribunal Supremo ha advertido y avisado además de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado “impunes” los intentos de secesión sin violencia.
