La llamada juez de los ERE, Mercedes Alaya, responsabilizó de forma directa a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía, exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La puso en el centro de las ayudas concedidas entre 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 con cargo a la partida de la Junta de Andalucía investigada por la magistrada y que considera origen de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo.
Mercedes Álvarez impuso a Magdalena Álvarez una fianza civil de 29.568.129 euros, nueve meses después de su imputación en el caso. También fijó la responsabilidad de su exviceconsejero José Salgueiro en 22 millones y la del secretario general y coordinador de presupuestos Antonio Estepa en ocho millones. En la larga investigación de tres años, extraordinaria dureza de este auto. "Cabe deducir la probabilidad cierta de que pudieran ser condenados en un futuro por los hechos que hoy se investigan", dice el auto.
En todo este asunto gran cautela del PSOE (Partido Socialista Obrero Español). Alfredo Pérez Rubalcaba, como se señaló a Hechos de Hoy, sabe que en la campaña para los comicios al Parlamento Europeo los enemigos, rivales y críticos los tiene dentro y fuera de su propia casa, y que el asunto espinoso y explosivo de los ERE -corrupción en el centro de poder socialista en Andalucía- puede ser utilizado para debilitarle a él mismo y a su candidata. Para Susana Díaz, la investigación la pone también al filo de la navaja.
