El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha decidido suspender la reunión que tenía previsto mantener con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por “razones sobrevenidas”.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, (CGPJ. Vicente Guilarte, ha calificado de “inadmisible” el señalamiento a jueces del Tribunal Supremo.
Tras el plante, Bolaños y Marín han conversado telefónicamente y han quedado en reunirse el próximo martes 19 en la sede del Alto Tribunal. El ministro le ha trasladado su disposición a “trabajar por el prestigio de los jueces y magistrados en este país ante cualquier ataque, venga de donde venga”.
La portavoz de Junts en el Congreso señaló el martes a varios jueces del Tribunal Supremo como el instructor del procés, Pablo Llarena; el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena; y el expresidente, Carlos Lesmes, por su papel frente al desafío independentista catalán. En fuentes jurídicas se señaló a Hechos de Hoy lo indmisible de este ataque.
En un comunicado, Francisco Marín ha subrayado que “el ataque personal en el Parlamento al anterior presidente del Tribunal Supremo, a un presidente de Sala y a dos magistrados del tribunal carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho“.
Por su parte. el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha emitido una declaración institucional donde sostiene que “el señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes”.
Ha subrayado que “las personas señaladas, y cualquier otro miembro de la Carrera Judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán tomas las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia”.
El ataque de Miriam Nogueras
El PSOE pagó el precio de una de las condiciones de su pacto de investidura con Junts y facilitó que el Congreso de los Diputados abra hasta tres comisiones de investigación para demostrar, entre otras cosas, un supuesto lawfare -o guerra judicial- contra el independentismo catalán.
Se abre una vía política para que se examine y se ponga en tela de juicio el trabajo de jueces, fiscales, policías o servicios de inteligencia por cualquiera de las causas que hayan afectado o que sigan afectando a personas vinculadas de un modo u otro con el movimiento independentista en Cataluña. Junts, ERC y Sumar insisten en que en España ha habido una persecución de independentistas simplemente por sus ideas.
Junts piensa ajustar cuentas, entre otros, con algunos de los jueces que han llevado los casos de Carles Puigdemont, como Pablo Llarena, o que encabezaron el tribunal que juzgó y condenó a los cabecillas no fugados del procés, como Manuel Marchena.
Son dos de los nombres concretos que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, citó cuando habló de los “personajes oscuros” que son “cómplices de la politización de la policía y la justicia española” o de los “personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato”. En este segundo apartado fue nombrado Carlos Lesmes, que presidió el Consejo General del Poder Judical (CGPJ) y el Tribunal Supremo durante algunos de los años que ahora entrarán en lo que el PP denunció como una “caza de brujas judicial” con el aval del PSOE.
